La Fiscalía imputó cargos a nueve personas señaladas de integrar una organización dedicada al sacrificio clandestino de equinos y la venta de carne no apta para el consumo humano.
La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una presunta red delincuencial dedicada a la adquisición, sacrificio y comercialización ilegal de carne equina que era distribuida en diferentes establecimientos del área metropolitana de Bucaramanga y vendida fraudulentamente como carne de res.
En el operativo judicial fueron vinculadas nueve personas identificadas como Sergio Leonardo Ortiz Soto, alias Leo; Danny Alexander Soto, alias Dante o Carnicero; Jonathan Javier Ortiz Soto; Yolanda Soto Badillo; Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida; Cindy Johana Moreno Daza; Mario Alvarado Trujillo; Mayer Andrea Trujillo Ardila y Jhoan Sebastián Trujillo Trujillo.
Las investigaciones, lideradas por una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, permitieron establecer que la organización adquiría caballos de avanzada edad o con diferentes enfermedades en los departamentos de Cesar, Bolívar, Magdalena y varios municipios de Santander.
Según el ente acusador, los animales eran transportados en vehículos que no cumplían las condiciones exigidas para su movilización y posteriormente llevados a Bucaramanga, donde permanecían en condiciones de presunto maltrato, sin acceso adecuado a alimento ni agua, antes de ser sacrificados de manera clandestina.
La investigación también reveló que los implicados, presuntamente, utilizaban sustancias químicas para modificar la apariencia, el olor y la textura de la carne con el fin de ocultar su estado de descomposición y facilitar su comercialización como producto apto para el consumo humano.
De acuerdo con las pruebas recopiladas, la carne era almacenada, distribuida y comercializada sin cumplir los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades competentes, representando un riesgo para la salud pública.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, daño a los recursos naturales y ecocidio, y muerte al animal, según el grado de participación de cada uno.
Durante las audiencias preliminares, cinco de los procesados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Por decisión judicial, algunos de los implicados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que otros permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia mientras avanza el proceso.
Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar el alcance de la red y establecer si existen más personas involucradas en esta actividad ilegal que afectaba tanto la salud pública como el bienestar animal.
