La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas tras revelar que siete de cada diez casos de trata de personas atendidos durante 2025 ocurrieron dentro del territorio colombiano, una cifra que desvirtúa la creencia de que este delito afecta principalmente a quienes son llevados al exterior.
De acuerdo con el informe «El panorama defensorial de la trata de personas en Colombia durante 2025», de los 268 casos atendidos, 186 correspondieron a trata interna (69,4 %), es decir, las víctimas fueron captadas, trasladadas y explotadas dentro del país. Otros 58 casos (21,6 %) fueron clasificados como trata mixta y 24 (9 %) como trata externa.
La entidad advirtió que este delito se desarrolla, en muchos casos, en los propios territorios donde viven las víctimas, e incluso dentro de sus comunidades y hogares, lo que dificulta su identificación y denuncia.
El informe también evidencia que el 94,4 % de las víctimas fueron mujeres y que la mayoría tenía entre 19 y 59 años, es decir, personas en edad laboral. Además, ocho de cada diez víctimas pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 y 2, lo que refleja una mayor vulnerabilidad frente a las redes de explotación.
La explotación sexual continúa siendo la modalidad más frecuente, al representar el 74 % de los casos atendidos, seguida por los trabajos forzados (6 %) y el matrimonio servil (5 %). En varios casos, una misma persona fue sometida simultáneamente a diferentes formas de explotación.
Otro de los datos que genera preocupación es que el 40,7 % de los casos estuvo relacionado, de manera directa o indirecta, con dinámicas del conflicto armado. Según la Defensoría, en algunas regiones grupos armados ilegales aprovechan las condiciones de vulnerabilidad para captar y explotar a las víctimas.
En el análisis territorial, Norte de Santander concentró el mayor número de atenciones. Cúcuta registró 68 casos (25,4 %) y Tibú reportó 27 (10,1 %), una situación asociada a factores como la condición fronteriza, las economías ilegales y la persistencia del conflicto armado.
El documento también señala que 114 víctimas (43 %) eran de nacionalidad venezolana, la mayoría con estatus migratorio regular. La Defensoría advirtió que, más allá de la situación migratoria, factores como la falta de redes de apoyo, las dificultades económicas y las barreras para acceder a derechos incrementan el riesgo de ser captadas por organizaciones criminales.
Como parte del balance, el informe recopiló datos de otras entidades. La Fiscalía General de la Nación reportó 329 noticias criminales por trata de personas durante 2025, mientras que el Ministerio del Interior registró 435 casos, de los cuales 380 correspondieron a mujeres, lo que evidencia la magnitud de este delito y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, protección y judicialización en todo el país.
