Bogotá/Santa Marta. Un juzgado emitió sentencia condenatoria contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, al encontrarlo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, dentro del proceso relacionado con la contratación para la adecuación de varios centros de salud del Distrito. La decisión judicial impuso una pena cercana a los 10 años de prisión, aunque el fallo aún puede ser controvertido mediante los recursos establecidos en la ley.
El proceso se originó por un contrato suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una empresa privada, cuyo objeto era ejecutar obras de mantenimiento y adecuación en los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, con una inversión superior a $6.532 millones.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que, en su condición de presidente de la junta directiva de la ESE, Caicedo impulsó la iniciativa mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de 2014, pese a que el proyecto no contaba con estudios previos suficientes, conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud, licencias requeridas ni estaba contemplado en el plan anual de adquisiciones de la entidad.
La investigación también estableció que varias de las licencias necesarias fueron obtenidas años después de iniciadas las obras, situación que, según la decisión judicial, evidenció las deficiencias en la planeación y ejecución del proyecto. Como consecuencia, varios centros asistenciales suspendieron sus servicios y la atención a los usuarios tuvo que trasladarse temporalmente a inmuebles arrendados y sedes comunitarias.
Otro de los aspectos analizados por el despacho judicial fue que las obras no fueron culminadas dentro de los plazos previstos. El contrato terminó siendo liquidado en 2016 sin que todos los proyectos estuvieran finalizados, y el centro de salud de Mamatoco permaneció inconcluso durante varios años. De acuerdo con el expediente, estas irregularidades ocasionaron un detrimento patrimonial superior a $5.040 millones.
Tras conocerse la decisión, la defensa del exmandatario anunció que acudirá a los mecanismos legales correspondientes para controvertir la sentencia. Mientras el fallo no quede en firme, el proceso continuará su curso dentro de las instancias judiciales previstas por la legislación colombiana.
