El Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) salió en defensa de los llamados ‘impuestos saludables’ y expresó su desacuerdo con el proyecto de ley que busca eliminarlos del ordenamiento jurídico colombiano.
La iniciativa fue presentada por los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, quienes plantean retirar los impuestos aplicados a determinados productos ultraprocesados y bebidas endulzadas.
Desde Cajar, la abogada Yessika Hoyos Morales señaló que el debate no debería centrarse únicamente en el incremento de precios que generan estos gravámenes, sino también en sus posibles efectos sobre la salud pública.
Según la organización, las enfermedades asociadas al consumo frecuente de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados representarían un costo cercano a $35 billones para el Estado, de acuerdo con cifras atribuidas a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).
El colectivo también recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha respaldado el uso de impuestos a las bebidas azucaradas como una herramienta que puede contribuir a disminuir su consumo y enfrentar factores relacionados con la obesidad, la diabetes tipo 2 y otras enfermedades no transmisibles.
De acuerdo con Cajar, este tipo de medidas ya se implementa en más de 70 países, como parte de estrategias orientadas a desincentivar el consumo de determinados productos y promover decisiones alimentarias más saludables.
¿Qué son los ‘impuestos saludables’?
Estos gravámenes fueron establecidos mediante la Ley 2277 de 2022 y comenzaron a aplicarse en Colombia en noviembre de 2023.
El esquema contempla impuestos sobre determinadas bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, con tarifas que han aumentado progresivamente.
Los autores del proyecto que busca eliminarlos argumentan que estos tributos han incrementado el costo de productos de consumo habitual y cuestionan que, hasta ahora, hayan logrado modificar de manera significativa los hábitos alimenticios de los colombianos.
El debate queda ahora en manos del Congreso, donde se enfrentan dos posiciones: por un lado, quienes consideran estos impuestos una herramienta de salud pública, y por otro, quienes cuestionan su impacto económico y su efectividad para cambiar los patrones de consumo.
