La Corte Constitucional declaró que el Ministerio de Hacienda incumplió las órdenes que le había impartido para garantizar los recursos necesarios para la alimentación de las personas detenidas en centros de detención transitoria y le ordenó adoptar medidas urgentes para evitar que el servicio vuelva a suspenderse durante el segundo semestre de 2026.
La decisión fue tomada por la Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional, que revisó la respuesta entregada por Hacienda a las órdenes impartidas en marzo pasado.
Según la Corte, el Ministerio respondió solo parcialmente algunos de los requerimientos, dejó otros sin contestar y no demostró haber tomado medidas concretas para garantizar los recursos destinados a la alimentación.
En junio de 2025, la Corte ya había ordenado al Ministerio de Hacienda disponer de manera prioritaria y urgente los recursos necesarios para mantener el servicio de alimentación en los centros de detención transitoria.
Sin embargo, la cartera condicionó la entrega de esos recursos a la expedición de una reglamentación y a que la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) presentara una solicitud formal de asignación presupuestal.
