Un juez de conocimiento condenó a cuatro integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Máquinas’, señalados de participar en una red de estafas mediante la supuesta venta de vehículos y maquinaria pesada que nunca estuvieron en oferta por parte de la Alcaldía de Magangué, Bolívar. Entre las ciudades donde fueron captadas las víctimas se encuentra Santa Marta.
Los condenados fueron identificados como Bernardo Rafael Hostia Fonseca, Juan Antonio Sequea Gordón, Yilmar Cárcamo Paredes y Juan Carlos Rasero Acosta. La decisión judicial los declaró responsables de los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y falsedad en documento público.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, las actividades fraudulentas se habrían desarrollado entre 2021 y 2023. Durante ese período, los integrantes de la organización presuntamente contactaron a personas interesadas en adquirir vehículos y maquinaria pesada, haciéndoles creer que se trataba de negociaciones legítimas respaldadas por la administración municipal.
Santa Marta, entre las ciudades afectadas
Las investigaciones permitieron establecer que las víctimas estaban ubicadas en Ibagué, Neiva, Valledupar, Santa Marta y Manatí, Atlántico. Según el ente acusador, las maniobras fraudulentas ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 361 millones de pesos.
Para dar apariencia de legalidad a las operaciones, los implicados presuntamente utilizaron documentos falsificados, simularon procesos contractuales, adulteraron firmas y reprodujeron sellos notariales. También habrían manipulado actas y manifiestos de importación para generar confianza entre los compradores y lograr que entregaran el dinero solicitado.
Estas son las condenas impuestas
El juez estableció diferentes penas de prisión, de acuerdo con la responsabilidad atribuida a cada procesado. Bernardo Rafael Hostia Fonseca y Juan Antonio Sequea Gordón fueron condenados a seis años, nueve meses y siete días de prisión cada uno.
Por su parte, Yilmar Cárcamo Paredes recibió una pena de seis años, cuatro meses y 17 días, mientras que Juan Carlos Rasero Acosta fue sentenciado a cinco años, nueve meses y 29 días de prisión.
Según la información suministrada por la Fiscalía, los cuatro condenados cumplirán las penas en sus domicilios y quedaron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo período de sus respectivas condenas.
El caso pone de relieve el riesgo de las ofertas de vehículos y maquinaria que se presentan como negocios oficiales sin contar con respaldo institucional. Las autoridades recomiendan verificar directamente con las entidades públicas cualquier proceso de venta y evitar entregar dinero sin comprobar la autenticidad de los documentos y la legalidad de la negociación.
