La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, advirtió que el decreto con el que el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, convocó una consulta popular sin el aval previo del Senado representa un “peligroso precedente” para la democracia colombiana. Señaló que la Constitución exige expresamente ese trámite y alertó que el desconocimiento de ese paso vulnera el Estado de Derecho.
Durante una entrevista con El Radar, Goebertus expresó que la organización está seriamente preocupada por el hecho de que se haya omitido el requisito constitucional de obtener el concepto favorable del Senado antes de emitir el decreto. “La Constitución es clara: se requiere un concepto previo favorable del Senado, que en este caso no tiene lugar”, explicó.
Aclaró que corresponde a la justicia colombiana decidir si el decreto es o no constitucional, pero insistió en que el Ejecutivo debe abstenerse de actuar en contra de la Carta Magna. “No puede suceder en un Estado de Derecho que un presidente abiertamente se salte lo que establece la Constitución”, concluyó.
La directora de HRW señaló que este tipo de decisiones podrían ser el inicio de una concentración de poder que debilite los contrapesos institucionales y, con ellos, la democracia.
“Hemos visto cómo los procesos de debilitamiento de la democracia inician por la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las disposiciones constitucionales”, explicó, al comparar la situación con lo ocurrido en El Salvador, donde se desestimó la prohibición constitucional de reelección presidencial.
Goebertus también se refirió a la respuesta del presidente Petro, quien acusó a la organización de injerencia en asuntos internos. La directora de HRW comparó esa reacción con las que ha recibido de gobiernos autoritarios en la región. “Es tristemente muy similar a la que recibimos del presidente Bukele en El Salvador o de Maduro en Venezuela”, señaló.
Frente al argumento del mandatario, quien justificó la consulta como una forma de devolverle el poder al pueblo, Goebertus enfatizó que esa narrativa no puede justificar la omisión de pasos constitucionales. “Una cosa es la democracia representativa, donde el pueblo elige a sus gobernantes, y otra es un Estado de Derecho, donde esos gobernantes deben actuar conforme a la Constitución y la ley”, explicó.
Pese a las advertencias, Goebertus manifestó su confianza en la fortaleza institucional de Colombia. Recordó que ya hay demandas contra el decreto ante instancias judiciales del país y que solo si estas no funcionan adecuadamente se contemplaría la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Estoy convencida de que las instituciones colombianas son suficientemente fuertes como para que este episodio se pueda resolver a nivel nacional”, concluyó.
