Por involucrar la casa del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello y la de particulares del Condominio Montecarlo, ubicado en el norte de El Rodadero, en el robo de energía eléctrica, fue denunciado por los delitos de injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación, el concejal Miguel Martínez Olano.
La denuncia ante el máximo ente fiscalizador de la Nación fue instaurada en días pasado por el abogado Miguel Pérez Novoa, en su calidad de apoderado judicial de Claudia Patricia Acelas Ballesteros, que también ha resultado afectada en los improperios del concejal en mención.
De acuerdo con la denuncia radicada el 21 de julio de 2025, bajo el No. 20250230014722, en la Fiscalía Seccional de Santa Marta, el denunciante advierte que el 10 de julio de 2025, en desarrollo de una sesión pública llevada a cabo en el recinto del concejo Distrital de Santa Marta, el concejal Miguel Martínez Olano, interviniendo como servidor público y utilizando el micrófono del recinto, profirió declaraciones falsas en las que afirmó que tanto la residencia del Alcalde Distrital de Santa Marta, como las de sus vecinos ubicadas en el Condominio Montecarlo, incluida la propiedad de mi poderdante, están robando fluido eléctrico.
“Las manifestaciones del concejal Martínez Olano, son absolutamente falsas, infundadas y difamatorias y atentan contra el buen nombre, la honra y la reputación de la señora Acelas Ballesteros, propietaria legítima de uno de los inmuebles señalados y varios lotes ubicados en el Condominio Montecarlo, proyecto inmobiliario en desarrollo”, revela la denuncia.
Igualmente, señala que, el Condominio Montecarlo se encuentra en desarrollo hace más de 9 años y cuenta con transformador propio, redes eléctricas legalmente instaladas, medidores y servicio de energía eléctrica facturado y pagado puntualmente por los usuarios, entre ellos, la residencia de su poderdante.
Finalmente, el demandante en su denuncia aclara que, la acusación del concejal, al atribuir la comisión de un delito, hurto de energía eléctrica, configura el delito de calumnia, mientras que las expresiones atentatorias contra la reputación e integridad moral de la representada y demás residentes del condominio configuran el delito de injuria.
