La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de cargos contra Jesús Enrique Rebolledo Gil, exgerente del Hospital de Sitionuevo, Magdalena, por presunta irregularidad en la autorización de un contrato que habría afectado recursos públicos destinados a la salud. Según el ente de control, Rebolledo enfrenta cargos por falta muy grave a título de dolo, lo que implica que la conducta investigada habría sido realizada con conocimiento y voluntad de causar un perjuicio al Estado.
La investigación señala que Rebolledo, en su rol de supervisor y responsable del gasto, habría autorizado un pago correspondiente a un contrato de prestación de servicios celebrado entre la Empresa Social del Estado (ESE) y un particular. Este acuerdo tenía como objetivo capacitar al personal asistencial en áreas de urgencias y consulta externa, pero, de acuerdo con los hallazgos preliminares, las capacitaciones no se habrían ejecutado tal como se estipulaba en el contrato.
La Procuraduría enfatizó que el daño patrimonial derivado de este caso podría incluir cualquier pérdida, uso indebido o deterioro de los recursos públicos ocasionado por una gestión irregular o negligente. Por ello, la entidad busca determinar con precisión si existió incumplimiento en la ejecución de los recursos y establecer responsabilidades que puedan derivar en sanciones disciplinarias, contribuyendo a la protección del patrimonio estatal y a la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud.
Expertos en gestión pública señalan que este tipo de investigaciones son esenciales para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades estatales. “Garantizar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera eficiente y efectiva no solo protege el patrimonio del Estado, sino que asegura que la comunidad reciba los beneficios por los cuales fueron destinados”, aseguran.
La Procuraduría continuará con la investigación para aclarar los hechos, definir las responsabilidades y prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro, reforzando así los mecanismos de control sobre los contratos y la administración de recursos públicos en el sector salud.
