El ejército estadounidense está desplegando más de 4.000 infantes de marina en aguas de América Latina y el Caribe como parte de la ofensiva de la Administración republicana contra los carteles de la droga. La movilización, que forma parte de la estrategia ordenada por el presidente Donald Trump para combatir a los carteles en el extranjero, ha generado preocupación en varios países de la región, especialmente en Venezuela y México, que temen una intervención directa.
El despliegue incluye al Grupo Anfibio Iwo Jima, la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina y otros dos buques de apoyo, además de un submarino de ataque nuclear, destructores, un crucero de misiles guiados y aviones de reconocimiento adicionales. Según fuentes del Pentágono, se trata de un reposicionamiento militar que se venía preparando desde hace tres semanas y que busca ampliar las opciones del Comando Sur para enfrentar lo que Washington denomina “organizaciones narcoterroristas”.
La Administración republicana declaró a los principales carteles del narcotráfico como “organizaciones terroristas extranjeras” a comienzos de año, lo que abrió la puerta a operaciones militares más agresivas contra estos grupos. Desde entonces, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre los responsables de inundar el país de fentanilo, incluso ofreciendo recompensas millonarias por varios capos del crimen organizado mexicano.
Sin embargo, funcionarios del Pentágono reconocen que los marines desplegados tendrán limitaciones a la hora de interceptar cargamentos de droga o rutas de tráfico, pues esa tarea depende principalmente de la Guardia Costera, que ejerce funciones de control marítimo y rescate. En ese sentido, parte del despliegue parece tener un carácter más simbólico y de disuasión que operativo.
La medida no está exenta de controversia. Analistas recuerdan que este tipo de acciones evocan la doctrina Monroe, con la que históricamente Estados Unidos justificó su intervención en América Latina bajo el lema “América para los americanos”. Para muchos gobiernos de la región, la actual movilización militar representa un nuevo capítulo de ese intervencionismo.
En México, la orden de Trump de recurrir al ejército para combatir a los carteles encendió las alarmas, ya que el gobierno rechazó categóricamente la posibilidad de que tropas extranjeras entren en su territorio. En Venezuela, la presencia de fuerzas estadounidenses en aguas cercanas también ha sido interpretada como una amenaza velada.
Pese a ello, Washington insiste en que el despliegue busca “proteger la seguridad nacional” frente al narcotráfico y que por ahora se trata de una demostración de fuerza. La presencia militar, sin embargo, deja claro que el Pentágono cuenta con una amplia gama de opciones si la Casa Blanca ordena acciones directas contra objetivos vinculados al narcotráfico en la región.