Un episodio ocurrido en el Caribe encendió las alarmas internacionales: once personas murieron tras el uso de fuerza letal por parte de Estados Unidos contra una lancha que, según reportes oficiales, transportaba droga en aguas ubicadas entre Venezuela y Trinidad y Tobago. La acción, lejos de cerrar un caso de narcotráfico, abrió un debate complejo sobre los límites legales y éticos de la estrategia militar estadounidense en la región.
El gobierno de Donald Trump había advertido que endurecería su política de interdicción marítima, incluso con medidas más agresivas. De confirmarse que este tipo de operativos serán la nueva norma, se estaría legitimando un escenario de ejecuciones sumarias en alta mar, sin procesos ni garantías, algo que especialistas consideran una violación directa al derecho internacional.
La tensión escaló tras la reacción de Caracas. Mientras el régimen de Nicolás Maduro tachó las imágenes del operativo de ser “un montaje con inteligencia artificial”, el Pentágono denunció el sobrevuelo de aviones militares venezolanos cerca de un buque estadounidense, calificándolo como una “maniobra altamente provocadora”. En respuesta, Washington desplegó diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico para reforzar su campaña contra el narcotráfico, lo que incrementó los temores de una confrontación mayor.
Este contexto se suma a las acusaciones de Estados Unidos contra Maduro, señalado como jefe del llamado Cartel de los Soles y vinculado a estructuras criminales como el Tren de Aragua. Con una recompensa de 50 millones de dólares por su captura —la más alta en la historia reciente del país norteamericano—, la posibilidad de operaciones militares quirúrgicas o una acción directa contra su gobierno se mantiene como un rumor latente, aunque oficialmente ha sido descartada por ahora.
La ONG WOLA (Oficina de Washington sobre América Latina) cuestionó el operativo, planteando dudas clave: ¿se intentó contactar a la tripulación?, ¿hubo disparos de advertencia?, ¿se aplicaron medidas intermedias como deshabilitar motores? Para la organización, nada de esto se habría cumplido. “La proporcionalidad en el uso de la fuerza es un principio fundamental del derecho internacional”, advirtió, recordando que el simple hecho de sospechar tráfico de drogas no justifica una condena de muerte inmediata.
Más allá de los crímenes del régimen venezolano, especialistas coinciden en que aceptar acciones unilaterales de este tipo sería volver a la lógica de la ley del más fuerte. En ese escenario, la lucha contra el narcotráfico terminaría arriesgando no solo la estabilidad regional, sino también los principios básicos de la justicia internacional.
