La tensión volvió a encenderse en el Huila y esta vez con eco internacional. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó su profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrenta la población del corregimiento de Belén, en La Plata, luego de los disturbios y bloqueos ocurridos desde el pasado jueves en esa zona del suroccidente del país.
A través de su cuenta oficial en X, la misión en Colombia advirtió que sigue de cerca la situación y llamó al Estado colombiano a tomar medidas urgentes: “Urgen acciones inmediatas para garantizar los derechos de la población civil”. El organismo insistió en que cualquier respuesta debe regirse bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, especialmente frente a la presión que vienen sufriendo las comunidades por parte de grupos armados ilegales.
Los hechos más graves se registraron en el sector conocido como La Balastrera, en la vía que comunica La Plata con Belén. Allí, una multitud bloqueó el paso de las tropas del Ejército e impidió su avance. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, detrás de la asonada estaría el grupo armado residual GAOR-r Fernando González Acosta, organización que busca consolidar su control sobre corredores estratégicos entre Huila y Cauca, claves para el narcotráfico y la extorsión.
Testigos relataron que los uniformados habrían sido retenidos y obligados a movilizarse en vehículos particulares, mientras varios pobladores fueron presionados para impedir el ingreso del Ejército a zonas donde se refugiarían estas estructuras ilegales. La maniobra se habría dado como parte de una estrategia de intimidación, en la que las comunidades son utilizadas como escudo para frenar las operaciones de control territorial.
El bloqueo de la carretera, que inició desde la mañana del sábado, incluyó el uso de motocicletas, camiones y automóviles particulares, generando un cierre total del tránsito. Esta acción no solo afectó a los uniformados, sino también a habitantes de la región y viajeros que se vieron atrapados en medio de la confrontación de intereses ilegales.
En un comunicado, el Ejército denunció que la intención de los responsables es fortalecer sus economías ilícitas mediante actividades como el tráfico de drogas, el secuestro y los homicidios. La institución subrayó que este tipo de acciones vulneran de manera directa los derechos de las comunidades locales, que quedan expuestas a represalias y a un ambiente de inseguridad constante.
Frente a la gravedad de lo ocurrido, las autoridades competentes han anunciado investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reforzar los esquemas de protección a la población civil. La situación se enmarca en un contexto más amplio de recrudecimiento de la violencia en varias zonas del sur del país, donde el control de corredores estratégicos se ha convertido en el principal objetivo de los grupos armados residuales.
La ONU, por su parte, reiteró su llamado a no dejar a las comunidades solas en medio de esta disputa y a garantizar su seguridad como condición indispensable para cualquier proceso de paz y estabilidad en la región.
