Norah Lourdes del Carmen Jiménez Méndez, exmagistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, fue acusada formalmente por la Fiscalía tras ser señalada de haber favorecido indebidamente a 407 trabajadores de Ecopetrol mediante fallos de tutela presuntamente irregulares.
La investigación sostiene que entre el 7 de mayo y el 30 de julio de 2010, Jiménez Méndez expidió ocho decisiones judiciales en las que reconoció factores salariales que, de acuerdo con la normativa vigente, no correspondían a los solicitantes. Estas actuaciones derivaron en un desembolso superior a los 3.217 millones de pesos por parte de la estatal petrolera.
De acuerdo con los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, las tutelas emitidas desconocieron principios fundamentales de este mecanismo constitucional, como la inmediatez, la subsidiariedad y la cosa juzgada. Además, pasaron por alto los fallos previos de jueces de primera instancia que habían negado los amparos y un pronunciamiento de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, fechado en marzo de 2004, que ya había definido la improcedencia de dichos reclamos.
La exmagistrada enfrentará un proceso penal por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación, delitos que podrían conllevar penas significativas de prisión y sanciones económicas. El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales y el impacto de sus decisiones en el manejo de recursos públicos.
