La Procuraduría General de la Nación anunció que un grupo de expertos designados por la entidad realizará la verificación de las herramientas informáticas contratadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el desarrollo de los próximos procesos electorales en el departamento del Magdalena.
El organismo de control destacó la importancia de garantizar la transparencia y seguridad en las elecciones de los Consejos de Juventud, consideradas un espacio esencial para fortalecer la participación democrática de las nuevas generaciones.
De acuerdo con el anuncio oficial, el Ministerio Público implementará un seguimiento especial a los comicios atípicos de gobernador del Magdalena, previstos para el 23 de noviembre, y a las elecciones de los Consejos de Juventud, que se desarrollarán el 19 de octubre. Para ello, se instaló una mesa técnica permanente que supervisará la operatividad y confiabilidad de los sistemas informáticos dispuestos por la Registraduría.
El propósito de esta medida es garantizar la transparencia en todas las fases del proceso electoral, desde la inscripción de cédulas hasta los escrutinios finales. También se vigilará la designación de jurados, la acreditación de testigos, la distribución de materiales electorales y los procesos de transmisión y consolidación de datos, considerados aspectos esenciales para el correcto desarrollo de las votaciones.
Según informó la Procuraduría, los expertos realizarán inspecciones técnicas y visitas a puntos logísticos para revisar la funcionalidad de los equipos, los sistemas de respaldo y los protocolos de seguridad digital implementados. En el caso del Magdalena, se dará prioridad a esta supervisión debido a la relevancia democrática que representan los Consejos de Juventud como escenario de formación cívica y liderazgo juvenil.
La entidad enfatizó que la confianza ciudadana en la democracia depende en gran medida de la estabilidad y fiabilidad de los sistemas tecnológicos utilizados durante los comicios, y que el acompañamiento preventivo permitirá evitar fallas o irregularidades que puedan poner en riesgo la legitimidad de los resultados electorales.
