El Estado colombiano enfrenta una derrota silenciosa en el Bajo Cauca antioqueño, donde la minería ilegal de oro se ha convertido en el eje de una economía paralela dominada por grupos armados. Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) reveló que la región vive bajo un modelo de gobernanza criminal, en el que el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC ejercen control total sobre la población y los recursos, mientras la presencia institucional se debilita cada vez más.
El informe, basado en una visita de campo en agosto de 2025, advierte que la minería ilegal de oro mueve más de 5.000 millones de dólares anuales, consolidando una estructura económica que reemplaza las funciones del Estado. Según las cifras presentadas, el 85% del mercado aurífero de la región es informal o ilegal, y entre 2010 y 2018 se registró un vacío comercial de 5.600 millones de dólares entre el oro exportado oficialmente y el reportado por los países compradores, un claro indicio de lavado de activos y evasión fiscal.
El impacto ambiental es igualmente alarmante. En el río Nechí, el número de dragas y motobombas pasó de 105 en 2019 a 335 en 2024, causando la deforestación de más de 200.000 árboles y altos niveles de contaminación con mercurio. En un operativo reciente, las autoridades incautaron 420 gramos de mercurio, cantidad suficiente para contaminar 12,6 millones de litros de agua, afectando directamente a miles de familias que dependen de los ríos Nechí y Cauca para sobrevivir.
A este panorama ecológico se suma una crisis humanitaria y de seguridad. Las cifras de homicidios se han triplicado en menos de una década: de 152 en 2016 a más de 450 en 2018. Aunque el número bajó a 195 en 2024, solo en el primer semestre de 2025 ya se registran 104 asesinatos, proyectando una tasa de 52,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el doble del promedio nacional.
El control total de la cadena criminal
El Clan del Golfo, o Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha logrado un control hegemónico en el Bajo Cauca. De acuerdo con el reporte, cuenta con 11 subestructuras activas en la zona, cada una compuesta por entre 60 y 90 hombres. Este grupo regula toda la cadena minera: vende insumos, cobra extorsiones bajo la figura de “tributos” y recibe pagos en oro, actuando como un árbitro de facto de la economía regional sin necesidad de explotar directamente el mineral.
El informe también identifica la presencia de inversionistas urbanos de alto riesgo que financian las operaciones mineras ilegales desde las grandes ciudades, obteniendo ganancias millonarias mientras los grupos armados garantizan la seguridad de las minas y la circulación del oro. La fragmentación del escenario armado tras el Acuerdo de Paz de 2016 permitió que el Clan del Golfo expandiera su dominio sin oposición efectiva del Estado.
El repliegue del Estado
Las decisiones erráticas del Estado han contribuido a agravar la crisis. El cierre de la sede del Banco de la República en Caucasia (2003) eliminó el control directo del Estado sobre el comercio del oro. Más recientemente, la centralización de la delegación minera en Bogotá (2023) alejó a los pequeños mineros que buscaban formalizarse, dejándolos a merced de los grupos ilegales, que ofrecen insumos y permisos falsos con mayor rapidez, aunque a precios abusivos.
Además, el proyecto del Distrito Agrominero y Pesquero del Bajo Cauca, concebido tras el paro minero de 2023, quedó suspendido, frenando los procesos de formalización y diálogo social. Esto ha impactado las finanzas locales: municipios como Nechí han dejado de recibir más de 50.000 millones de pesos en regalías, debilitando aún más la presencia estatal.
Esperanzas de resistencia local
Pese al panorama adverso, el estudio destaca esfuerzos de resistencia civil y cooperación institucional, como el Comité Universidad Empresa Estado y Sociedad (CUEES) y la Región de Planificación y Gestión (RPG) del Bajo Cauca. Estas plataformas, que integran a universidades, sector privado y autoridades locales, representan espacios de legitimidad y coordinación que podrían servir como base para recuperar la gobernanza.
Los investigadores de la FIP y el IFIT concluyen que el reto no puede reducirse a operaciones militares aisladas. Proponen una respuesta integral que combine voluntad política, fortalecimiento institucional y apoyo técnico, capaz de restablecer el control del Estado sobre la economía aurífera y garantizar condiciones de vida dignas para las comunidades.
El Bajo Cauca antioqueño, una región históricamente rica en oro, se ha convertido en un territorio de disputa y supervivencia, donde el poder armado reemplaza la autoridad legítima. Recuperarlo, advierte el informe, exige más que presencia militar: requiere reconstruir la confianza, la justicia y las oportunidades que el Estado dejó perder entre el barro y el oro.
