Fiscalía acusa a dos ex funcionarias de la Alcaldía de Medellín y un contratista
La Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra Martha Alexandra Ruiz Agudelo, exsecretaria de Educación de Medellín; Lina María Gil Zapata, exdirectora del programa Buen Comienzo; y Henry Paulisson Gómez Montoya, contratista, por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos.
De acuerdo con el ente investigador, los tres estarían implicados en irregularidades dentro de dos contratos destinados al suministro de alimentos para poblaciones vulnerables, específicamente para la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes, dentro del programa Buen Comienzo, y para la población estudiantil durante la emergencia sanitaria de 2020.
Según la investigación, en el primero de los procesos —suscrito en marzo de 2020— las exfuncionarias habrían cambiado la modalidad de contratación, pasando de una selección abreviada mediante subasta inversa a una contratación directa por prestación de servicios, con lo cual favorecieron al contratista Gómez Montoya y a la corporación que representaba.
La Fiscalía sostuvo que esta decisión permitió escoger directamente al contratista, sin los debidos requisitos de competencia, y que durante la ejecución del contrato se encontraron sobrecostos en los kits alimentarios entregados, pues los productos tenían valores superiores a los del mercado. También se evidenció la contratación de personal sin justificación técnica y el pago de honorarios por servicios no prestados, lo que habría derivado en una apropiación irregular de recursos públicos por más de 1.423 millones de pesos.
En cuanto al segundo contrato, vinculado al suministro de alimentos para estudiantes bajo la figura de urgencia manifiesta decretada en marzo de 2020, el contratista nuevamente fue beneficiado pese a no contar con la idoneidad ni con los requisitos legales exigidos. En este caso, la Fiscalía detectó que se usó una bodega sin contrato de arrendamiento o comodato para almacenar los alimentos, además de duplicidad en los pagos de la logística de entrega y sobrecostos adicionales en los paquetes distribuidos.
De acuerdo con el ente acusador, este segundo proceso habría generado una apropiación ilícita de recursos por 956 millones de pesos, sumando un presunto desfalco total cercano a los 2.400 millones de pesos.
Con la acusación formal, la Fiscalía busca avanzar en el juicio contra los implicados, quienes deberán responder ante la justicia por su presunta participación en estas irregularidades ocurridas durante la administración del exalcalde Daniel Quintero.
