Un operativo conjunto del CTI de la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional permitió descubrir un centro clandestino en zona rural del municipio de Palermo (Huila), donde se manipulaban y procesaban huesos de res y cerdo para fabricar productos como jabones, fertilizantes y alimento para ganado.
De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la Nación, los investigadores hallaron que en la finca se recibían los restos óseos, los cuales eran triturados e incinerados en un horno crematorio artesanal, sin cumplir con las mínimas normas sanitarias ni ambientales. De este proceso se obtenía un polvo que servía como materia prima para distintas industrias.
El material resultante era transportado y vendido a una empresa en Bogotá, que presuntamente lo usaba para la elaboración de artículos de limpieza, nutrientes agrícolas y productos alimenticios para animales. En el lugar del allanamiento, las autoridades incautaron más de 1.000 bultos del insumo, además de un horno, tres calderos, un tanque para descebo, dos motores y una gran cantidad de huesos de ganado bovino y porcino.
Según los investigadores, las actividades ilegales también estaban generando un grave impacto ambiental, ya que los residuos del proceso, junto con gases contaminantes y aguas residuales sin tratar, eran vertidos directamente a las fuentes hídricas cercanas, poniendo en riesgo el ecosistema de la región.
Durante el procedimiento fueron capturadas seis personas en flagrancia, identificadas como Carlos Andrés Romero Reyes, Enderson David Flórez Acosta, Ángel Gabriel Rivera Machado, Alfonso Martínez Montealegre, Yonaiker Graterol Piña y Yefferson Kelvin Medina Pinto.
Un fiscal de la Seccional Huila les imputó el delito de contaminación ambiental, aunque ninguno de los detenidos aceptó los cargos. El juez de control de garantías determinó que Romero Reyes deberá cumplir medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que los demás procesados quedaron vinculados al proceso judicial.
Las autoridades destacaron que este operativo permitió desmantelar una práctica que no solo representaba un riesgo sanitario, sino también un atentado contra el medio ambiente, y aseguraron que continuarán las investigaciones para establecer si existen más empresas o personas involucradas en esta red de producción ilegal.
