La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, el INPEC y otras autoridades, activó este sábado 26 de octubre una ofensiva de seguridad a nivel nacional para acompañar el desarrollo de las consultas populares e interpartidistas que se realizan en el país, en las que se toman decisiones internas y se eligen representantes de partidos y movimientos políticos con miras a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
El plan de seguridad cubre los 1.102 municipios del país y la ciudad de Bogotá, con un despliegue operativo que abarca 13.405 puestos de votación —7.395 en zonas rurales y 6.010 en áreas urbanas— y 19.833 mesas habilitadas. La cobertura está a cargo de 7.659 efectivos de la Policía, 1.115 del Ejército, 235 de la Armada, 23 del INPEC, además de 145 puestos mixtos con presencia conjunta de las instituciones.
En total, el dispositivo de seguridad está conformado por 54.370 uniformados, de los cuales 37.537 policías se encuentran directamente asignados a los puestos de votación, mientras que 16.833 efectivos adicionales brindan apoyo externo para garantizar el orden público.
Como parte de las medidas preventivas, se implementaron restricciones en 559 municipios, entre ellas la ley seca, la prohibición del parrillero hombre y la restricción al transporte de escombros y gas propano, buscando prevenir alteraciones durante la jornada electoral.
Sin embargo, pese al amplio despliegue, desde el Puesto de Mando Institucional se reportaron alteraciones del orden público en dos regiones. En el corregimiento de Rocha, municipio de Arjona (Bolívar), una turba destruyó y quemó material electoral dispuesto en la Institución Educativa local. Según el secretario del Interior departamental, Javier Doria, el incidente se originó por el descontento de la comunidad ante el retraso en la reparación de una vía.
En otro hecho, manifestantes ocuparon la sede de la Registraduría en Tumaco (Nariño), impidiendo el desarrollo normal de la jornada. Las autoridades se mantienen en alerta para evitar nuevos disturbios y garantizar la transparencia del proceso en todo el territorio nacional.
