La polémica renuncia de Laura Gallego Solís, Señorita Antioquia 2025, tras un comentario desafortunado sobre “a quién le daría la bala”, no fue simplemente un error mediático ni una broma mal entendida. Fue un espejo. Un reflejo incómodo de cómo, en Colombia, el lenguaje violento se ha convertido en parte del paisaje cotidiano, tanto en la política como en la conversación pública.
El episodio, ocurrido en medio de un año preelectoral marcado por más de 200 agresiones contra líderes sociales y políticos, destapó una verdad más profunda: el país sigue atrapado en una pedagogía del desprecio, donde las palabras hieren, dividen y perpetúan la violencia simbólica.
En el video viral que le costó la corona, Gallego le pregunta entre risas al precandidato presidencial Santiago Botero: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”. La pregunta, repetida luego a otro aspirante, Abelardo de la Espriella, pretendía ser un chiste. Sin embargo, terminó desatando un debate nacional sobre los límites del humor, la responsabilidad del discurso público y el peso simbólico de las palabras.
No es un hecho aislado. Según el observatorio de violencia política, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 215 hechos violentos contra liderazgos políticos, sociales y comunales. En ese mismo periodo, 59 personas —entre candidatos, concejales y militantes— fueron víctimas de amenazas, ataques o asesinatos. El más recordado, el del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.
En ese contexto, la agresión verbal ha encontrado terreno fértil. Desde todos los sectores, las figuras públicas usan el lenguaje como arma política. El presidente Gustavo Petro ha llamado “muñecas de la mafia” a un grupo de periodistas y ha lanzado calificativos como “hp”, “víbora” o “nazi” a sus críticos. En el otro extremo, la senadora María Fernanda Cabal calificó al periodista Daniel Pacheco como alguien con “cemento en el cerebro”, mientras Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, llamó “mona arribista” a la periodista Vicky Dávila.
Estas expresiones, aunque no promuevan directamente la violencia física, sí refuerzan un clima simbólico que erosiona el debate democrático. Como advierte la investigadora mexicana Rossana Reguillo, “en las sociedades del miedo, la palabra se vuelve un dispositivo de guerra: decir es marcar, marcar es exponer”. En un país que aún no ha desarmado su lenguaje, hablar de “dar bala” no es una metáfora inocente, sino la reproducción inconsciente de un trauma colectivo.
El sociólogo Pierre Bourdieu, en su teoría sobre la violencia simbólica, explicaba que esta forma de dominación se ejerce “con la complicidad de quienes la padecen”, porque se interioriza a través de la cultura, los valores y las normas. En Colombia, esa complicidad se manifiesta cuando compartimos, celebramos o normalizamos discursos de odio, sin reparar en su poder destructor.
Laura Gallego, al anunciar su renuncia, afirmó que la estaban “restringiendo de hablar de política” y que eso significaba un retroceso de 70 años. Pero su caída no se debió a censura política ni a su condición de mujer, sino al hecho de trivializar la violencia, de volver ligera la idea del asesinato. En un país marcado por el conflicto armado, esas palabras pesan.
El episodio abre una reflexión más amplia: las reinas, los líderes, los periodistas o los ciudadanos, todos somos emisores y reproductores del lenguaje que moldea nuestra convivencia. Los concursos de belleza pueden estar en declive, pero sus protagonistas siguen siendo espejos culturales: representan lo que una sociedad decide exaltar, tolerar o cuestionar.
Colombia no podrá salir del espiral de violencia solo con acuerdos de paz ni reformas institucionales. Necesita también un pacto por la palabra, un compromiso colectivo para desarmar el lenguaje antes que las manos. Porque las guerras —como las reconciliaciones— también comienzan con lo que decimos.
