El operativo militar que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, presentó como un “golpe estratégico” contra el Clan del Golfo en Antioquia se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos de los últimos meses. Lo que inicialmente fue anunciado como una exitosa operación aérea dejó tras de sí una cadena de dudas, versiones encontradas y un profundo malestar en las comunidades del Bajo Cauca y el norte antioqueño, donde la violencia no cesa.
El 10 de julio, Sánchez informó que se había ejecutado un bombardeo de precisión en zona rural del municipio de Valdivia, dirigido contra integrantes del Clan del Golfo que presuntamente planeaban ataques terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública. Según el comunicado oficial, se trataba del cuarto bombardeo de este tipo en la región y habría dejado entre 30 y 40 presuntos criminales muertos. No obstante, la declaración fue tan breve como confusa: no se entregaron nombres, cuerpos, ni pruebas verificables de las bajas reportadas.
El propio ministro admitió poco después que aún no existía certeza sobre el impacto del operativo, argumentando que el bombardeo había generado un deslizamiento de tierra que dificultaba las verificaciones en el terreno. Aseguró, además, que “únicamente se afectaron objetivos militares lícitos”, descartando posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Sin embargo, los habitantes de Briceño —municipio donde se habría desarrollado la operación— narran una historia diferente. El alcalde, Noé Espinosa, confirmó que el epicentro del ataque fue la vereda El Cedral, en la parte alta del municipio, y señaló que nunca se conocieron cifras oficiales de fallecidos ni se trasladaron cuerpos al casco urbano. “Creo que se apresuraron al comunicar el resultado. Sabemos que hubo bombardeo, pero no cuántos murieron ni quiénes eran”, comentó el mandatario local.
El operativo, lejos de traer calma, incrementó la incertidumbre. En la región persisten los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias del frente 36 de las Farc, en una disputa que tiene menos que ver con el narcotráfico y más con la riqueza minera del territorio. Según testimonios recogidos por SEMANA, las montañas de El Cedral esconden vetas de oro comparables a las de Buriticá, y esa bonanza ha desatado una lucha despiadada por el control del subsuelo.
De acuerdo con fuentes locales, las disidencias del frente 36 y del frente 18 mantenían un acuerdo para explotar el oro, pero una ruptura interna llevó al surgimiento de una nueva facción conocida como “Los Cabuyos”. Actualmente, ambos grupos cobran un “impuesto” a los mineros artesanales: 6 % para el frente 36 y 4 % para Los Cabuyos. Algunos reportes indican que estos últimos habrían brindado apoyo logístico al Clan del Golfo para fortalecer su presencia en la zona, lo que explica la intensidad de los combates y el uso de minas antipersonales en las veredas circundantes.
La presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Cedral fue una de las víctimas del desplazamiento. Debió abandonar su hogar tras recibir amenazas directas, uniéndose a más de 2.100 campesinos que huyeron de los enfrentamientos. Muchos de ellos llegaron en buses y camperos hasta la cabecera municipal, acogidos temporalmente por la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia. Pese al miedo, casi todas las familias regresaron semanas después, presionadas por la pérdida de sus cultivos y la falta de alternativas económicas.
El personero municipal, Wilmer Moreno Sánchez, explicó que su despacho interpuso una tutela para exigir atención inmediata a las víctimas, logrando que la Unidad de Víctimas iniciara la entrega de ayudas humanitarias el 27 de octubre. Aun así, la situación sigue siendo crítica: varias veredas permanecen minadas, los desplazamientos continúan y los asesinatos selectivos son frecuentes.
Los pobladores sienten que el Estado solo aparece en los titulares y que la paz prometida en los discursos se disuelve en el ruido de las armas. “Dicen que respetan la vida, pero mataron a John Areiza”, recuerda un campesino, refiriéndose a un agricultor asesinado tras intentar regresar a su finca.
Mientras el Ministerio de Defensa sostiene que el bombardeo fue un éxito militar, en Briceño la población solo ve ruinas, miedo y silencio. La operación que debía debilitar al Clan del Golfo terminó profundizando la desconfianza y evidenciando que, en el norte de Antioquia, la guerra no se mide por comunicados oficiales, sino por las vidas que siguen escapando montaña abajo.
