En medio de una creciente controversia, la Gobernación del Magdalena fue señalada por iniciar obras de pavimentación en un lote privado ubicado en el sector Líbano 2000 de Santa Marta, sin contar con las autorizaciones correspondientes de la Secretaría de Planeación Distrital. Las intervenciones, a cargo del Consorcio Vías Monse 2025, fueron suspendidas tras comprobarse que el proyecto violaba normas urbanísticas y se realizaba en propiedad privada con recursos públicos.
De acuerdo con el Informe 3776 del 10 de octubre de 2025, emitido por Planeación Distrital, las obras corresponden a una “vía de facto” localizada dentro de los lotes 3B y 3C del predio conocido como Lote Los Mangos, perteneciente a la Sociedad Mercantil LCM y Asociados S.A.S. y a la señora María Eugenia Castro, sus legítimos propietarios. El documento concluye que la Gobernación carece de competencia legal para ejecutar trabajos públicos dentro de terrenos privados, por lo que recomendó suspender de inmediato la intervención.
La situación se originó el 15 de septiembre de 2025, cuando contratistas de la Gobernación ingresaron al predio para iniciar las obras, pese a las advertencias del abogado apoderado de los dueños. Un día después comenzaron la pavimentación de las franjas internas, instalando registros sanitarios y cámaras de alcantarillado. Todo esto ocurrió sin permiso de intervención ni aval técnico del Distrito.
Ante la irregularidad, el Inspector Urbanístico de Policía, Roice Carlos Ruiz Castro, junto con funcionarios de Planeación, realizó una inspección ocular y ordenó la suspensión inmediata de los trabajos por presunto incumplimiento de las normas de integridad urbanística.
Los propietarios del terreno denunciaron que la Gobernación no solo ignoró los reclamos legales, sino también la presencia de un servicio de vigilancia privada contratado con Servies Ltda., encargado de proteger la posesión del predio. El abogado de la sociedad LCM y Asociados presentó además un memorial formal (radicado 2025-23289) solicitando detener las obras, pero no obtuvo respuesta del ente departamental.
La controversia ha encendido las alarmas entre los organismos de control, ya que la utilización de dineros públicos en un terreno privado podría constituir un detrimento patrimonial. La Contraloría General de la República y la Contraloría Departamental del Magdalena fueron exhortadas a iniciar investigaciones de oficio para establecer responsabilidades.
El caso revive viejas disputas sobre el terreno, que años atrás fue objeto de intentos de invasión. En aquel momento, la Inspección Sur de Policía de Santa Marta ordenó el desalojo de ocupantes ilegales, confirmando que el lote pertenecía legítimamente a LCM y Asociados Ltda. y Cía. S. en C., y no tenía relación alguna con la Constructora Promotora Tamacá, como alegaban algunos invasores.
Hoy, la pavimentación inconclusa en Líbano 2000 se ha convertido en un nuevo foco de tensión entre el Distrito y la Gobernación, en un caso que podría escalar a los entes judiciales y de control. Mientras tanto, los propietarios insisten en que se respete la propiedad privada y se reparen los daños causados por una intervención pública que, aseguran, nunca debió haberse iniciado.
