El experto en derecho internacional humanitario (DIH), Juan Merchán, explicó los alcances y límites legales que existen frente a situaciones en las que menores de edad reclutados por grupos armados ilegales terminan involucrados en enfrentamientos con la Fuerza Pública. Merchán enfatizó que los niños y adolescentes vinculados forzosamente a estas estructuras deben ser considerados víctimas del conflicto armado, una condición que obliga al Estado a brindarles protección especial.
“El DIH, que busca salvaguardar la dignidad humana incluso en los contextos más violentos, establece que los menores reclutados deben ser tratados como víctimas. En caso de ser capturados, no deben recibir el trato de un enemigo de guerra, sino el de personas a quienes se les deben restituir sus derechos”, explicó el especialista, recordando que este reclutamiento ha sido una práctica histórica de todos los grupos armados ilegales en Colombia.
No obstante, Merchán señaló que existe una situación límite contemplada en el derecho internacional y que ha ocurrido de manera recurrente en el país. En estos escenarios, si el menor participa directamente de las hostilidades y se encuentra armado en medio de un enfrentamiento, el marco jurídico reconoce que la Fuerza Pública puede responder.
“En combate directo, cuando no existe alternativa real para salvar la vida del soldado o del combatiente legal, puede ocurrir que estos menores resulten atacados”, indicó. Según explicó, esta excepción solo opera cuando existe una amenaza inmediata, un acto hostil en curso y ninguna otra forma viable de proteger la vida de quien está siendo atacado.
El experto recordó que situaciones similares ya habían generado fuertes controversias en el pasado, incluso llevando a la salida de un ministro de Defensa en un gobierno anterior. Sin embargo, afirmó que el debate actual se reaviva porque este tipo de hechos evidencian la complejidad jurídica y moral de un conflicto en el que los grupos armados continúan reclutando menores.
Merchán reiteró que, aunque el DIH contempla acciones en circunstancias extremas, la obligación principal del Estado y de las fuerzas militares sigue siendo proteger a los niños, combatir el reclutamiento forzado y garantizar que los menores bajo el control de grupos armados puedan recuperar su dignidad y sus derechos.
