En el departamento del Cesar, más de 400.000 usuarios viven una de las peores crisis de atención en salud de los últimos años debido al colapso de la red prestadora asociada a la Nueva EPS. La situación se hizo insostenible luego de que el Grupo Clínicas Médicos —conformado por la Clínica Valledupar, la Clínica Médicos, la Clínica de Alta Complejidad de Aguachica y la Clínica San Juan Bautista en La Guajira— suspendiera la prestación de servicios por una deuda millonaria que, pese a acuerdos previos, no ha sido saldada. Según el conglomerado, la entidad les adeuda cerca del 80 % de la cartera corriente, dejándolos sin recursos para funcionar.
En una carta firmada por su representante legal, Carlos Humberto Arce García, el grupo de clínicas advirtió que la falta de liquidez los mantiene en una “posición inoperante”, con obligaciones financieras insostenibles y un riesgo creciente para la vida de los pacientes. Aseguran tener cuentas embargadas, deudas de más de año y medio en servicios públicos, retrasos en impuestos nacionales y municipales, especialistas que amenazan con retirarse y más de 3.500 trabajadores afectados por demoras en el pago de nómina. La compra de insumos y medicamentos también está gravemente comprometida.
La crisis ha generado protestas de usuarios y familiares en las afueras de la sede principal de la Nueva EPS en Valledupar. Allí, relataron las dificultades que enfrentan para acceder a tratamientos básicos. Un familiar denunció que el medicamento formulado para un paciente con depresión no fue autorizado y que la respuesta de la EPS fue que asumieran el costo por su cuenta. Un caso similar vive el padre de un menor con autismo, que lleva semanas sin lograr la aprobación de las terapias y exámenes ordenados, pese a intentarlo de manera presencial, telefónica y virtual.
Frente a la gravedad de los hechos, empleados del Grupo Clínicas Médicos se sumaron a las manifestaciones en busca de respuestas por parte del Gobierno nacional. Carlos Arteaga, gerente de la Clínica Médicos, afirmó que la salud en el Cesar está “en cuidados intensivos” y que, a pesar de varias reuniones, la Nueva EPS no ha cumplido con los compromisos de pago. A esto se suma el constante reemplazo de los agentes interventores, lo que, según Arteaga, impide que se respeten los acuerdos previos y perpetúa la crisis.
La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, coincidió en que los cambios de interventor cada dos o tres meses han frenado los procesos de conciliación y dificultan cualquier avance. Según explicó, este problema se repite en todas las EPS intervenidas del país, pues los nuevos funcionarios desconocen los acuerdos pactados por sus antecesores.
Desde el Grupo Clínicas Médicos, el gerente de operaciones, Juan Camilo Chirino, reveló que la deuda acumulada antes de la intervención ya rondaba los $50.000 millones. Tras la intervención del Gobierno nacional, esta cifra aumentó en otros $150.000 millones, para un total de $200.000 millones.
La presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios de la Nueva EPS, Esperanza Arias, denunció que desde el 14 de noviembre miles de pacientes están sin servicio. Asegura que los enfermos de alto costo son los más afectados y exigió pagos inmediatos, mesas de trabajo para saldar facturas pendientes y la reactivación urgente de la atención médica.
A nivel nacional, la crisis también quedó en evidencia durante una reunión extraordinaria convocada por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales. Más de 25 secretarios de salud señalaron que la Nueva EPS enfrenta un deterioro operacional grave: la deuda pasó de $5,42 billones en diciembre de 2022 a $21,37 billones en marzo de 2025, junto con 22 millones de facturas sin auditar que suman otros $22,1 billones. Según las ciudades, hay fallas contables, suspensión de servicios médicos y una ruptura creciente en la entrega de medicamentos.
La secretaria de Salud de Valledupar, Jaide Medina, alertó que la ciudad está recibiendo pacientes de cuatro departamentos y que toda la red hospitalaria se encuentra saturada. Asegura que la entrega de medicamentos está completamente detenida y que el sistema podría enfrentar un aumento de complicaciones graves en las próximas semanas si no hay una intervención urgente.
Para Asocapitales, esta crisis ya compromete derechos fundamentales, especialmente para pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, necesidad de diálisis y problemas de salud mental. Advierten que la presión sobre los hospitales públicos está al límite, mientras aumentan las tutelas y quejas por falta de atención.
La Defensoría del Pueblo también se pronunció, señalando que hay una vulneración generalizada del derecho a la salud por la falta de acceso a medicamentos, demoras en citas especializadas y el reiterado incumplimiento de fallos judiciales. La situación, señalan, requiere decisiones inmediatas que garanticen el funcionamiento del sistema y eviten un colapso aún mayor.
