La discusión sobre la reforma pensional del Gobierno Nacional entró en una fase decisiva luego de que la Corte Constitucional aprobara la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal, dejándolo por fuera de la votación. Su salida generó un empate en la primera ronda deliberatoria, lo que llevó a la Sala Plena a convocar al conjuez Carlos Pablo Márquez, quien asumirá el voto faltante y, en la práctica, tendrá en sus manos el futuro de esta ley clave para el presidente Gustavo Petro.
La decisión fue adoptada en la Sala Plena del 24 de noviembre, presidida por la magistrada Paola Meneses. Allí se avaló la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien argumentó que Carvajal debía apartarse del proceso debido a que, antes de entrar al alto tribunal, había prestado asesoría jurídica a Colpensiones sobre esta misma normativa, lo que representaría un posible conflicto de interés.
Tras excluir su voto, la Corte quedó dividida en dos bloques. De un lado se ubicaron Ibáñez —bajo cuya ponencia se propone tumbar la ley—, junto con Meneses, Lina Marcela Escobar y Carlos Camargo, quienes en varias ocasiones han votado de forma crítica frente a proyectos del Gobierno. Al frente se ubicaron los magistrados Miguel Polo, Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel, con posturas más cercanas a la agenda oficialista. Esta división exacta dio lugar al empate.
En consecuencia, fue llamado el conjuez Carlos Pablo Márquez, abogado con maestría en Harvard y doctorado en Oxford, cuya trayectoria abarca sectores público y privado. Márquez ha sido superintendente para la Protección de la Competencia, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y asesor de los ministerios del Interior y Justicia. Además, ha ejercido como profesor universitario y conferencista en instituciones de prestigio mundial.
Su participación será decisiva: su voto inclinará la balanza para definir si la reforma pensional del Gobierno sigue en pie o es declarada inexequible.
