La Delegación de Paz del Gobierno Nacional en los diálogos con el Estado Mayor de Bloques y Frentes de las FARC se pronunció frente a la nueva crisis humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo, donde la violencia armada ha provocado desplazamientos masivos en los últimos días.
De acuerdo con la información entregada, cerca de 250 personas han tenido que abandonar sus hogares y desplazarse hacia las ciudades de Cúcuta y Ocaña, en el nororiente del país, para proteger sus vidas ante el temor generado por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
A través de un comunicado, la delegación señaló que la construcción de la paz no depende únicamente del Gobierno ni de conversaciones aisladas con actores armados, sino del compromiso de todos los involucrados. En el pronunciamiento se enfatizó que el diálogo fortalece la democracia y que la violencia no puede ser parte del camino hacia una convivencia pacífica.
En ese sentido, hicieron un llamado a los grupos armados para que respeten la acción humanitaria y a las instituciones del Estado para que coordinen esfuerzos que permitan garantizar una atención integral a las comunidades afectadas por el conflicto.
El desplazamiento reciente fue advertido por el Consejo Comunitario para Refugiados, que también alertó sobre el riesgo de confinamiento y nuevos desplazamientos de aproximadamente 6.000 personas debido a posibles acciones armadas en la zona.
Giovanni Rizzo, director de país del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Colombia, expresó su preocupación por la situación y aseguró que muchas familias viven con miedo ante los combates. Señaló que las personas desplazadas requieren con urgencia asistencia humanitaria, incluyendo refugio seguro, alimentos, agua potable y protección, advirtiendo que el número de afectados podría aumentar si no se salvaguarda a la población civil.
Las personas que han salido de sus territorios provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, zonas históricamente golpeadas por el conflicto armado en el Catatumbo.
