El sector energético colombiano manifestó su preocupación tras la expedición de un decreto del presidente Gustavo Petro que, según empresarios y analistas, podría comprometer el futuro de la industria eléctrica del país. Las medidas, adoptadas en el marco de la crisis financiera que atraviesa el sistema, especialmente en la región Caribe, han sido calificadas por algunos actores como una forma de expropiación indirecta.
El decreto contempla dos disposiciones excepcionales orientadas a mejorar la liquidez del sector eléctrico. Sin embargo, las empresas generadoras alertan que estas decisiones imponen nuevas cargas económicas que podrían afectar la sostenibilidad financiera de las compañías y la confianza de los inversionistas, en un momento clave para la transición energética.
La primera medida establece un tributo del 2,5 % sobre las utilidades antes de impuestos obtenidas durante el año anterior por parte de las empresas generadoras. Estos recursos serán destinados al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el propósito de financiar la intervención y rescate de compañías que atraviesan dificultades financieras.
Desde el sector privado se ha advertido que la imposición de este gravamen, sumado a otras obligaciones ya existentes, podría reducir la capacidad de inversión en infraestructura, mantenimiento y nuevos proyectos energéticos. Asimismo, se ha señalado que este tipo de decisiones podría generar incertidumbre jurídica y afectar la estabilidad del sistema eléctrico a mediano y largo plazo.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el decreto como una medida necesaria para garantizar la prestación del servicio y evitar un colapso financiero en regiones vulnerables. El debate continúa abierto entre autoridades, empresarios y expertos, mientras se evalúan los efectos reales que tendrá esta normativa sobre el suministro de energía en Colombia.
