Un nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional encendió la controversia alrededor del funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Colombia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte, busca “modernizar” el régimen sancionatorio del sector, pero en la práctica podría significar un fuerte golpe para plataformas digitales como Uber, DiDi, Cabify e InDrive.
El proyecto plantea que el transporte de pasajeros en vehículos particulares, cuando se presta a través de aplicaciones digitales, sea considerado una actividad ilegal y sancionable. Entre las medidas contempladas se incluyen multas de hasta 4,7 millones de pesos por cada viaje, inmovilizaciones de vehículos por períodos de hasta 120 días y la posibilidad de cierres preventivos de las plataformas que operen bajo este modelo.
Gremios y asociaciones del sector digital, como Alianza In, advirtieron que la propuesta no ofrece un mecanismo de habilitación legal para estos servicios, lo que en la práctica cerraría un mercado utilizado por millones de usuarios en el país. Además, señalaron que cientos de miles de conductores dependen de estas aplicaciones como principal o complemento de ingresos, por lo que la iniciativa tendría un impacto económico y social significativo.
Desde estos sectores también se cuestiona que, bajo el argumento de regulación, se esté penalizando la innovación tecnológica y limitando alternativas de movilidad que hoy hacen parte del día a día de las ciudades. El debate apenas comienza en el Congreso y promete generar una fuerte discusión entre el Gobierno, los gremios del transporte tradicional, las plataformas digitales y los usuarios. Un nuevo proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional encendió la controversia alrededor del funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Colombia. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transporte, busca “modernizar” el régimen sancionatorio del sector, pero en la práctica podría significar un fuerte golpe para plataformas digitales como Uber, DiDi, Cabify e InDrive.
El proyecto plantea que el transporte de pasajeros en vehículos particulares, cuando se presta a través de aplicaciones digitales, sea considerado una actividad ilegal y sancionable. Entre las medidas contempladas se incluyen multas de hasta 4,7 millones de pesos por cada viaje, inmovilizaciones de vehículos por períodos de hasta 120 días y la posibilidad de cierres preventivos de las plataformas que operen bajo este modelo.
Gremios y asociaciones del sector digital, como Alianza In, advirtieron que la propuesta no ofrece un mecanismo de habilitación legal para estos servicios, lo que en la práctica cerraría un mercado utilizado por millones de usuarios en el país. Además, señalaron que cientos de miles de conductores dependen de estas aplicaciones como principal o complemento de ingresos, por lo que la iniciativa tendría un impacto económico y social significativo.
Desde estos sectores también se cuestiona que, bajo el argumento de regulación, se esté penalizando la innovación tecnológica y limitando alternativas de movilidad que hoy hacen parte del día a día de las ciudades. El debate apenas comienza en el Congreso y promete generar una fuerte discusión entre el Gobierno, los gremios del transporte tradicional, las plataformas digitales y los usuarios.
