El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) dio luz verde a una inversión de 786.032 millones de pesos para ejecutar, entre 2026 y 2030, el proyecto destinado a enfrentar la crisis histórica de agua potable en Santa Marta. Sin embargo, recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro generaron nuevas dudas sobre el enfoque y la ubicación de las plantas desalinizadoras contempladas en la iniciativa.
El respaldo del Conpes posiciona el abastecimiento de agua del Distrito como un asunto estratégico a nivel nacional. No obstante, durante un Consejo de Ministros, el mandatario expresó su inconformidad con el rumbo del proyecto y advirtió que la inversión pública no debe terminar favoreciendo intereses particulares, especialmente del sector hotelero, mientras persisten sectores residenciales con servicio irregular.
El presidente cuestionó la destinación de recursos en zonas donde operan complejos turísticos y pidió priorizar a las comunidades con mayores necesidades de acceso al agua. Sus declaraciones no cancelan el proyecto, pero sí abren la puerta a revisiones técnicas y ajustes en su implementación.
Expertos en políticas públicas han señalado que uno de los predios definidos para la planta desalinizadora sur fue seleccionado por criterios técnicos y por ser de propiedad de la Nación, con ventajas frente a otras alternativas evaluadas. Según estas voces, la producción proyectada se integraría al sistema general de distribución para abastecer a toda la ciudad, priorizando zonas vulnerables.
La iniciativa forma parte de una estrategia integral de largo plazo que ya cuenta con aval fiscal y documentos de política pública, por lo que su ejecución mantiene soporte institucional. En las próximas etapas se prevén mesas técnicas y procesos de socialización para atender las observaciones del Gobierno nacional sin frenar el avance del plan.
