El empresario colombo-venezolano Alex Saab fue deportado a Estados Unidos por decisión del Gobierno de Venezuela, encabezado actualmente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según confirmó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
A través de un comunicado oficial, las autoridades venezolanas señalaron que la medida se tomó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” y debido a los procesos judiciales que Saab enfrenta en territorio estadounidense por presuntos delitos de lavado de dinero y corrupción.
Saab, quien durante años fue considerado uno de los hombres más cercanos al exmandatario Nicolás Maduro, llegó a un aeropuerto de Miami bajo custodia de agentes federales estadounidenses, incluidos funcionarios de la DEA.
La deportación representa un giro inesperado en la postura del chavismo, teniendo en cuenta que en años anteriores el gobierno venezolano defendió públicamente a Saab, incluso otorgándole nacionalidad venezolana y asegurando que cumplía funciones diplomáticas.
Cabe recordar que Alex Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos relacionados con presuntas operaciones de lavado de activos. Sin embargo, en diciembre de 2023 obtuvo la libertad tras un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.
Meses después fue nombrado ministro de Industrias en Venezuela, aunque el pasado 16 de enero fue retirado de ese cargo por el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez. Desde entonces, existían rumores sobre su posible detención, situación que nunca fue confirmada oficialmente por las autoridades venezolanas.
Alex Saab es señalado por las autoridades estadounidenses de haber participado en una red de negocios vinculados al gobierno venezolano, especialmente a través del programa CLAP, destinado a la distribución de alimentos subsidiados. Según investigaciones internacionales, habría manejado millonarios contratos estatales con supuestos sobrecostos y operaciones financieras irregulares.
La justicia norteamericana también lo relaciona con presuntas operaciones de corrupción, importaciones y lavado de dinero mediante empresas y cuentas bancarias en distintos países.
