La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atribuyó responsabilidad a cinco exintegrantes del Bloque Caribe de las extintas FARC-EP por graves violaciones cometidas contra comunidades étnicas de la Sierra Nevada de Santa Marta y sectores de la Serranía del Perijá entre 1996 y 2007.
Entre los comparecientes señalados se encuentran Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almeida’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias ‘Leonardo Muñoz’; Gilberto Giraldo, conocido como ‘Aldemar Altamiranda’; Héctor Hernández, alias ‘Fabio Borges’; y Marcos Martínez, alias ‘Silfredo’, quien, aunque no pertenecía al Estado Mayor del Bloque Caribe, habría desempeñado un papel determinante en la ejecución de los hechos investigados.
Control territorial mediante violencia
De acuerdo con la JEP, la antigua organización guerrillera implementó una estrategia sistemática de control social y territorial en la región, basada en la intimidación, la eliminación de opositores y la imposición de normas sobre las comunidades.
La investigación determinó que este patrón de actuación incluyó la cooptación de organizaciones étnicas, persecución de líderes comunitarios, amenazas, desplazamientos forzados, castigos a quienes incumplían sus reglas y mecanismos de control sobre mujeres, niñas y poblaciones vulnerables.
Comunidades afectadas
Entre las víctimas reconocidas por la Jurisdicción se encuentran el pueblo afrocolombiano y los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa, Kogui, Arhuaco, Wayúu, Ette Ennaka y Yukpa.
El tribunal señaló que las afectaciones trascendieron a las personas y alcanzaron los territorios ancestrales, los sitios sagrados, las prácticas culturales y la vida espiritual de estas comunidades.
Asesinatos, desapariciones y desplazamientos
Según la JEP, la estrategia criminal se materializó en homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual, violencia basada en género, saqueos y ocupación de territorios étnicos.
Asimismo, concluyó que el Bloque Caribe asumió funciones propias de las autoridades locales, interviniendo en la resolución de conflictos, la administración de bienes y la regulación de aspectos económicos, culturales y sociales de las comunidades, consolidando un modelo de dominio que impactó profundamente a la población civil de la región.
