La situación humanitaria que enfrentan los pueblos indígenas Kogui y Arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta fue analizada durante una sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional (CDJT), escenario en el que participaron autoridades nacionales, departamentales y representantes de diferentes entidades del Estado.
El encuentro tuvo como propósito revisar las condiciones de seguridad y las afectaciones que estas comunidades estarían enfrentando en sus territorios a raíz de las dinámicas de orden público que persisten en algunas zonas del departamento del Magdalena.
Durante la jornada, las entidades asistentes evaluaron las acciones que actualmente se desarrollan para atender las alertas emitidas sobre la situación de los pueblos indígenas asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los mecanismos de protección implementados para garantizar sus derechos.
Uno de los puntos centrales de la sesión fue la intervención del director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), José Humberto Torres, quien presentó un informe sobre los procesos que adelanta la entidad en favor de las comunidades indígenas del departamento.
El funcionario explicó que actualmente la URT impulsa dos procesos con comunidades del pueblo Kogui, orientados a la restitución de derechos étnico-territoriales sobre cerca de 7.000 hectáreas de territorio ancestral ubicadas en la Sierra Nevada. Estas actuaciones buscan fortalecer la protección de espacios considerados fundamentales para la conservación de la identidad cultural, social y organizativa de estas comunidades.
Asimismo, informó que durante este año la entidad presentó una solicitud de medidas cautelares en beneficio de comunidades del pueblo Arhuaco que habrían resultado afectadas por hechos relacionados con el conflicto armado. La iniciativa pretende promover acciones urgentes de protección mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.
La solicitud fue admitida el pasado 11 de junio por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, despacho que ordenó la vinculación de entidades del orden nacional, departamental y municipal para recopilar información sobre las afectaciones denunciadas por las comunidades indígenas y las respuestas institucionales implementadas hasta el momento.
Con esta decisión judicial, las entidades involucradas deberán presentar informes relacionados con programas, estrategias de atención, medidas de protección y demás actuaciones desarrolladas en favor de estas poblaciones. La información servirá como insumo para determinar posibles acciones adicionales que permitan salvaguardar los derechos colectivos y territoriales de las comunidades.
Durante la reunión también se revisó el estado de las intervenciones institucionales que se ejecutan actualmente en los territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, haciendo énfasis en la coordinación entre entidades para atender de manera integral las necesidades de estas poblaciones.
Finalmente, las autoridades participantes coincidieron en la importancia de mantener espacios permanentes de articulación y seguimiento, con el fin de fortalecer las medidas de protección y garantizar una respuesta efectiva frente a las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas del Magdalena.
