Bogotá. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia habría solicitado la programación de una audiencia de imputación de cargos contra el presentador Jorge Alfredo Vargas, en el marco de una investigación por el presunto delito de acoso sexual, según información conocida por fuentes cercanas al proceso.
De acuerdo con esas fuentes, la solicitud se habría sustentado en las diligencias adelantadas por la Fiscalía durante los últimos meses, entre ellas la recepción de testimonios de varias mujeres denunciantes y de personas que compartieron espacios laborales con el comunicador. Asimismo, cuatro presuntas víctimas habrían ratificado sus denuncias ante el ente investigador.
Según la información conocida, las denunciantes habrían manifestado que Vargas les envió mensajes con invitaciones para salir que, de acuerdo con sus versiones, tendrían un contenido de carácter sexual. También aseguraron que el presentador las habría abordado en el entorno laboral con comportamientos que consideraron inapropiados.
Las identidades de las denunciantes permanecerían bajo reserva, mientras que sus declaraciones habrían sido entregadas con el acompañamiento de sus representantes legales.
En marzo de 2026, Caracol Televisión anunció la terminación del vínculo laboral con Jorge Alfredo Vargas, luego de casi dos décadas de relación contractual. En ese momento, el presidente de la compañía, Gonzalo Córdoba Mallarino, reiteró la política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas y anunció la conformación de un grupo especial para recibir denuncias de trabajadoras del canal.
Tras conocerse su salida de la empresa, Vargas emitió un comunicado en el que negó los señalamientos formulados en su contra.
Hasta el momento, no se conoce una decisión judicial de fondo sobre el caso y la eventual solicitud de audiencia de imputación no constituye una declaración de responsabilidad penal. El proceso continúa en etapa de investigación y corresponderá a las autoridades competentes determinar el curso de las actuaciones, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia del investigado.
