Lo que inicialmente fue presentado como una denuncia por presuntas extorsiones terminó convirtiéndose en una controversia pública, luego de que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) respondieran con una serie de señalamientos contra el empresario Juan Carlos Ospino, propietario de Taximarino y vinculado al Centro de Vida Marino.
Durante su intervención ante la Asamblea del Magdalena, Ospino manifestó que tanto su familia como sus empresas estarían siendo objeto de amenazas por parte de grupos ilegales, debido a su supuesta negativa a entregar dinero. Según explicó, las exigencias económicas representarían una carga que no estaría en condiciones de asumir.
Sin embargo, horas después de conocerse su denuncia, las ACSN difundieron un comunicado en el que rechazaron esa versión y formularon graves acusaciones contra el empresario. En el documento, la organización armada aseguró que Ospino habría sostenido compromisos económicos con esa estructura ilegal.
Uno de los señalamientos más delicados está relacionado con un supuesto ofrecimiento de 100 millones de pesos mensuales para obtener el control y monopolio de las actividades comerciales en sectores turísticos como El Rodadero y Playa Blanca. Según el comunicado, estos pagos se habrían mantenido durante varios años.
Las ACSN también afirmaron que el empresario y su abogado presuntamente habrían entregado recursos para ejercer presiones sobre propietarios de restaurantes de Playa Blanca, con el propósito de que vendieran sus establecimientos por valores inferiores a los precios comerciales. Asimismo, los señalaron de promover acciones para sacar del sector a los trabajadores conocidos como carperos.
Otro de los puntos mencionados en el documento tiene que ver con el presunto interés de controlar el ingreso de embarcaciones al Acuario, limitar la participación de otros operadores turísticos y establecer incrementos en las tarifas del transporte marítimo.
La organización ilegal aseguró que tendría elementos para respaldar sus afirmaciones, aunque hasta el momento estos señalamientos no han sido acreditados judicialmente.
El cruce de versiones deja sobre la mesa dos relatos completamente diferentes: por un lado, el del empresario, quien asegura estar siendo víctima de amenazas y presiones extorsivas; y por otro, el de las ACSN, que lo vinculan con supuestos acuerdos económicos y actuaciones para controlar actividades comerciales en importantes zonas turísticas de Santa Marta.
Será competencia de las autoridades judiciales establecer la veracidad de las denuncias, determinar si existieron los hechos mencionados y esclarecer las posibles responsabilidades. Entretanto, se espera conocer un pronunciamiento del empresario y de su abogado frente a las acusaciones divulgadas por el grupo armado.
