El cuestionado mecanismo que usan a lo largo del país las autoridades de transito para imponer comparendos con el apoyo de las fotos multas está en problemas, esto porque además de una investigación que adelantaron el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, está de por medio una multimillonaria demanda que obligaría devolver lo pagado a más de 1.5 millones de infractores que recibieron la sanción entre 2018 y 2024.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado Ricardo Ruge Cabrera, quien en particular cuestiona el modelo de operación del Simmit, que es operado por la Federación Colombiana de Municipios, bajo la coordinación de su presidente, Gilberto Toro Giraldo.
El fundamento de la demanda contra Gilberto Toro, está en lo encontrado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, que en mayo pasado revelaron una investigación contra 37 organismos de tránsito en donde se exponían presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección con 7.5 millones de comparendos impuestos en esos seis años de referencia.
Para el abogado Ruge, las sanciones anunciadas podrían superar los 2,1 billones de pesos, equivalentes al doble de los recursos recaudados. Por ciudades las que más comparendos impuestos en ese momento fueron Cali con más 2,7 millones, Medellín más de 717.000, Bogotá más de 294.000 y Barranquilla con al menos 131.000.
Igualmente se investiga Cundinamarca 406.509 Villavicencio con 16.300, Santa Marta 7.088, Popayán 7.075, Itagüí con 7.070, Bello 7.071, Sabaneta 7.087, Puerto Colombia 7.082, Soledad 18.098, Cartago 7086, Yumbo 7085, Barrancabermeja 7074, entre otras.
Ante las presuntas irregularidades que se presentaron en el cobro de estas fotomultas, el abogado Ruge representa a un colectivo de cerca de 500 ciudadanos, con quienes ha ido recogiendo información en tal sentido por más de diez años, como por ejemplo que el 35 por ciento de las cámaras de fotodetección no fueron autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Ruge destaca en ese sentido lo que pasa en Barranquilla, en particular en la calle 46 con carrera 100 opera una cámara que no tendría autorización desde 2024, por lo que en su criterio “todos los comparendos que se hayan impuesto de 2024 a la fecha son irregulares”.
Precisó que las autoridades de tránsito al emplear las cámaras deben contar con avisos previos que informen a los conductores sobre la presencia de sistemas de fotodetección como también estar haciendo la calibración periódica.
El abogado indica además que además de las infracciones mal puestas, es necesario revisar la operación del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), cuya administración está a cargo de la Federación Colombiana de Municipios, a la cual le corresponde el 10 por ciento de cada multa pagada para financiar el funcionamiento del sistema.
La denuncia que presentó ante la Fiscalía fundada en 49 hechos, la acompañó con 1.200 folios y soportes documentales, en la que advierte presuntas irregularidades en la contratación y destinación de los dineros del Simit. Considera además que más del 50 por ciento de los recursos del Simit los ejecuta una empresa que se llama Dicitec, en un modelo de contratación directa y subcontratación que habría permitido concentrar recursos públicos en un mismo círculo de particulares.
