Con emotivos actos simbólicos realizados en los municipios de San Onofre y Santiago de Tolú, en Sucre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Fiscalía General de la Nación entregaron dignamente a sus familias los cuerpos de dos jóvenes sucreños que habían sido desaparecidos hace más de 20 años.
La entrega digna de Javier Enrique Mercado Berrío, a quien su familia buscó durante 22 años, se llevó a cabo en San Onofre. El 11 de marzo de 2002 fue la última vez que sus seres queridos tuvieron noticias de él. Según la JEP, ese día el joven de 23 años se dirigía por la vía que comunica a San Onofre con el corregimiento de Berrugas cuando fue interceptado por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal que se lo llevaron.
En Santiago de Tolú se realizó la otra entrega digna. Una familia de este municipio sucreño recibió el cuerpo de un joven desaparecido el 17 de septiembre de 1999. De acuerdo con la investigación, hombres armados, integrantes de un grupo al margen de la ley, irrumpieron en su vivienda en horas de la madrugada y se lo llevaron. Tras décadas de incertidumbre, sus seres queridos, que pidieron reserva de su identidad, por fin pudieron despedirlo.
Los cuerpos de ambos jóvenes fueron exhumados en 2005 en la finca El Palmar, en San Onofre. Sin embargo, su identificación no había sido posible debido a diversas dificultades, principalmente técnicas. Fue a través de las medidas cautelares adoptadas en 2018 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SAR) de la JEP que se impulsó la articulación institucional que condujo a estas entregas.
Aunque la atención en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas se enfoca principalmente en las jornadas de prospección y exhumación en las zonas de interés forense, lograr la identificación y entrega digna implica adoptar medidas que permitan un abordaje integral del fenómeno de la desaparición forzada, como ha ocurrido en este departamento en donde 11 víctimas han sido entregadas.
El Plan Especial de Búsqueda, ordenado por la SAR mediante Auto AI 013 de 2019 y aprobado en el auto AI 037 de 2022, ha permitido consolidar acciones interinstitucionales para responder con urgencia a las familias buscadoras. Una de ellas es la articulación institucional entre la JEP, la UBPD, la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ha contribuido a agilizar los procesos de identificación.
