En su compromiso con la protección de los derechos humanos y la promoción de la reinserción social, la Personería de Santa Marta llevó a cabo una nueva jornada de atención dirigida a las mujeres privadas de la libertad en el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas. Esta iniciativa tuvo como propósito analizar cada caso individual y determinar la viabilidad de aplicar los beneficios establecidos en la Ley 2292 de 2023, también conocida como la Ley de Utilidad Pública para Mujeres Cabeza de Familia.
Dicha normativa, sancionada el 8 de marzo de 2023 por el presidente Gustavo Petro, introduce una medida de sustitución de la pena de prisión para mujeres condenadas que sean responsables del sustento de su hogar. Gracias a este beneficio, aquellas que cumplan con los requisitos podrán cumplir su condena en libertad, conmutando la pena mediante la prestación de servicios comunitarios.
Durante la jornada, el equipo de la Personería se encargó de recopilar información detallada de las internas, conformar expedientes y seleccionar a las mujeres que podrían cumplir con los criterios exigidos por la ley. Según lo establecido en la normativa, los beneficios pueden ser otorgados, previa evaluación y aprobación de un juez, a mujeres que cumplan con las siguientes condiciones:
• Ser cabeza de familia, es decir, responsables del sustento y bienestar de su hogar.
• Haber sido condenadas por delitos relacionados con hurto o estupefacientes.
• Tener una pena menor a ocho años de prisión.
• Haber cometido el delito bajo condiciones de marginalidad o vulnerabilidad social.
Desde la entrada en vigencia de esta ley, la Personería de Santa Marta ha realizado cuatro visitas a la cárcel Rodrigo de Bastidas, consolidando un trabajo articulado con otras entidades. La primera de estas visitas se llevó a cabo en colaboración con el Ministerio de Justicia, institución que ha liderado procesos de capacitación a las internas para que conozcan a fondo los alcances de la Ley 2292 y los procedimientos necesarios para acceder a este beneficio.
A través de estas acciones, la Personería de Santa Marta reafirma su compromiso con la promoción de un sistema penal más humano y restaurativo, garantizando que las mujeres privadas de la libertad puedan acceder a oportunidades reales de reinserción social. Esta ley representa un avance significativo, ya que por primera vez permite que una sanción penal se transforme en actividades de impacto social, facilitando la reconstrucción de vidas y brindando una segunda oportunidad a quienes desean reinsertarse en la sociedad.
