Luego de los ataques terroristas en Tuluá el 10 de febrero, que dejaron dos muertos y cuatro heridos, la banda criminal “La Inmaculada” le pidió al Gobierno de Gustavo Petro que le permitiera entrar a la política de Paz Total para acabar con el conflicto, asegurando que tienen presencia en el territorio nacional.
Por esa razón, el Ejecutivo, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, dejó clara la posición del Estado respecto a dicha solicitud, que varios sectores calificaron como polémica, en especial tras los actos violentos en el municipio que también provocaron un paro de actividades en el Inpec por las amenazas a sus funcionarios.
Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro le había respondido a “La Inmaculada” tras lo ocurrido el 10 de febrero, dijo que no aceptará “chantajes”, que “retaron a la sociedad” por dicho atentado en Tuluá y que sus jefes continuarán en los centros penitenciarios.
En el panfleto de la banda criminal que circuló en Tuluá y las redes sociales, pedían que el Gobierno se sentara a negociar el fin de las acciones bélicas, buscando un tratamiento similar al del ELN o el Estado Mayor Central, con los que se adelanta un proceso de paz.