El Consejo de Estado revocó una condena que ordenaba el pago de más de $16 mil millones de pesos por parte del Estado colombiano, en el caso relacionado con la revocatoria de una licencia ambiental en el proyecto “Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del Río Frío», en el departamento de Antioquia.
La decisión fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo en el marco de un proceso iniciado por un grupo de inversionistas. Estos solicitaban, por un lado, la anulación de la resolución expedida por CORANTIOQUIA, autoridad ambiental que revocó la licencia del proyecto, y por otro, una indemnización por los supuestos perjuicios económicos derivados de dicha revocatoria.
En 2016, el Tribunal Administrativo de Antioquia les dio parcialmente la razón, ordenando el pago de una cuantiosa indemnización. Sin embargo, esta decisión fue apelada por CORANTIOQUIA, y en segunda instancia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado intervino en el proceso para proteger el interés público.
La Agencia argumentó que la revocatoria de la licencia ambiental se basó en estudios técnicos actualizados, que demostraban la insuficiencia del caudal del Río Frío para soportar el proyecto en los términos propuestos. Así mismo, explicó que la actuación de la autoridad ambiental fue legal, objetiva y sustentada en la normativa vigente.
Además, la ANDJE señaló que el licenciamiento ambiental es una herramienta de carácter preventivo y adaptable, que puede ser modificada o revocada si existen nuevas evidencias que comprometan la sostenibilidad del entorno. Por tanto, no existía un daño antijurídico ni una relación directa entre la actuación administrativa y los perjuicios reclamados, lo cual impide declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
El Consejo de Estado acogió estos planteamientos y concluyó que no había lugar a indemnización alguna, protegiendo así los recursos públicos de una afectación económica significativa.
“Esta decisión demuestra que la defensa jurídica del Estado no solo protege el patrimonio público, sino que también respalda el actuar legítimo de nuestras instituciones, especialmente cuando se trata de garantizar la sostenibilidad ambiental. Seguiremos trabajando con rigor técnico y compromiso por los intereses de la ciudadanía colombiana«, señaló César Palomino Cortés, Director General de la ANDJE.
