un grupo de marines estadounidenses junto a otros militares defiende a la emblemática ciudad californiana de una invasión alienígena. Ahora, 15 años después de esa taquillera película, el presidente estadounidense Donald Trump emprende una apuesta, tan audaz como arriesgada, para reimplantar el orden público luego de dos días de violentas protestas contra las redadas migratorias.
Para esta “Batalla por los Ángeles”, el presidente republicano desplegó inicialmente a la Guardia Nacional y este lunes, ante el “aumento de amenazas contra agentes y edificios federales” ordenó el traslado a esta icónica ciudad, núcleo de la industria televisiva y cinematográfica del país, de “700 marines en activo de Camp Pendleton”.
Comprometido a implementar su política migratoria y, sobre todo, garantizar el orden, así como defender los intereses de los estadounidenses, Trump optó por llamar a los militares para sofocar las protestas iniciadas en la noche del viernes y que con el paso de los días fueron escalando hasta degenerar en disturbios, los que el mandatario atribuyó a “»insurrectos» y «agitadores profesionales».
El envío de la Guardia Nacional (una fuerza de reserva que sirve como Ejército en la sombra y cuyos efectivos se encuentran bajo control federal pero también estatal, usada en situaciones como desastres naturales, pero rara vez en disturbios civiles) y posteriormente de los marines, desató la ira de la oposición demócrata, canalizada a través de su gobernador en California, Gavin Newsom, que lo consideró innecesario pero, sobre todo, porque lo hizo sin pedir permiso a su gobierno.
Así, recordó que es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega esos cuerpos armados sin que lo pida un gobernador, por lo que tras considerar que supone “una seria ruptura de la soberanía estatal”.
Horas después, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentó una denuncia contra el presidente Trump, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por lo que calificó el despliegue «ilegal» e «incendiario» de la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles, explicando que ello es una violación a la Décima Enmienda de la Constitución, que determina los límites de las competencias federales.