El Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables de los atentados cometidos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en los últimos días.
La medida fue adoptada tras una reunión extraordinaria entre los ministros de Justicia y Defensa, Eduardo Montealegre y Pedro Sánchez, junto con el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán, el director del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, y representantes de la Fiscalía General de la Nación, entre ellos la fiscal delegada de Seguridad Territorial Deicy Jaramillo y el fiscal delegado para la criminalidad organizada Juan Carlos Arias.
Durante el encuentro, las autoridades evaluaron los recientes ataques contra miembros del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC y funcionarios policiales vinculados al sistema penitenciario en distintas regiones del país. De acuerdo con las hipótesis iniciales presentadas por la Fiscalía y la Policía, los atentados serían coordinados por estructuras criminales que actúan de manera articulada, aunque por razones investigativas los detalles permanecen bajo reserva.
Como parte de las medidas adoptadas, se creó un grupo especial de investigación conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional para perseguir a los responsables y fortalecer la seguridad de los funcionarios penitenciarios. Asimismo, se implementará una estrategia de protección reforzada para guardianes del INPEC, incluyendo aseguramiento perimetral de las cárceles y monitoreo de amenazas.
Las autoridades destacaron que los reportes de información sobre los posibles implicados pueden realizarse a través de la línea telefónica 157, garantizando absoluta reserva de identidad para quienes colaboren con las investigaciones.
Además, el Ministerio de Justicia y del Derecho anunció la puesta en marcha de un proyecto de política criminal centrado en la seguridad carcelaria, con el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación para prevenir delitos desde los centros penitenciarios y proteger la vida de los servidores públicos.
Finalmente, las organizaciones involucradas en los ataques fueron declaradas objetivo de alto valor, lo que prioriza su persecución y las acciones judiciales en su contra, reafirmando el compromiso del Estado en garantizar la seguridad del personal del INPEC y el control efectivo del sistema penitenciario nacional.
