Una historia tan insólita como trágica ha salido a la luz: una operación ilegal, nacida de la codicia y el engaño, terminó con un disidente fugado, un fiscal muerto, un abogado destituido e inhabilitado, y 8.000 millones de pesos que se esfumaron en la selva del Caquetá. Lo que comenzó como una promesa de riqueza fácil se convirtió en uno de los episodios más vergonzosos para la justicia y la fuerza pública en los últimos años.
Todo empezó a mediados de 2020, cuando las restricciones por la pandemia aún mantenían al país en pausa. En una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Florencia estaba recluido Raúl Alzate Balanta, alias el Enano, un disidente de las Farc con amplio conocimiento de las zonas rurales del Caquetá. Allí conoció al abogado Jimmy Andrés Gasca Osorio, quien se convirtió en su defensor. Sin dinero para pagar los honorarios, el Enano le ofreció algo más tentador: la ubicación exacta de una caleta que, según él, contenía 8.000 millones de pesos en efectivo y un arsenal escondido por antiguos miembros de las Farc durante el proceso de paz.
Cegado por la promesa de una fortuna inmediata, el abogado no dudó en aceptar. Convenció a varios policías y a un asistente de la Fiscalía de Florencia para emprender una “misión secreta” y llegar al botín. El primer paso fue sacar al disidente de la URI utilizando una identidad falsa y documentos adulterados que simulaban una cita médica. Una vez en libertad, el Enano fue recogido por el propio abogado, quien lo llevó a su vivienda para reunirse con los demás miembros del plan.
Con la logística definida, el grupo partió rumbo al municipio de Cartagena del Chairá. En una lancha bautizada Mónaco, se internaron por los ríos del Caquetá hasta llegar al sector de Peñas Coloradas, donde, según la versión del disidente, estaba la caleta. Pero el viaje no pasó desapercibido. Soldados de la Armada y el Ejército los interceptaron y les exigieron explicaciones sobre su presencia en una zona restringida. Los implicados mostraron documentos falsos y afirmaron que estaban en una diligencia de exhumación urgente.
El plan comenzó a desmoronarse rápidamente. Desde la Fiscalía en Florencia, superiores de los funcionarios comenzaron a llamarlos insistentemente, alarmados por su desaparición del puesto de trabajo. Un reporte del Ejército informaba que un grupo de civiles y agentes se movía sin autorización en una zona roja. Temiendo ser capturados, los involucrados decidieron abortar la misión y regresar.
Sin embargo, durante el trayecto de retorno ocurrió lo inesperado: el Enano, aprovechando el cansancio y la tensión del grupo, logró escapar. Nunca volvió a ser visto. Con su fuga se perdió el rastro de la supuesta caleta y también la posibilidad de comprobar si realmente existían los 8.000 millones prometidos.
La operación, que pretendía ser un golpe de suerte, se transformó en un desastre judicial. Los implicados comenzaron a culparse entre sí y a alegar engaño mutuo. El fiscal Zuzunaga, uno de los principales participantes, terminó quitándose la vida en junio de 2023, presionado por las investigaciones y las sanciones disciplinarias. Otro policía involucrado falleció en circunstancias misteriosas.
El abogado Gasca Osorio no corrió mejor suerte: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial lo destituyó e inhabilitó de por vida, tras confirmar que lideró el plan y falsificó documentos para sacar al disidente. En su fallo, la Comisión también compulsó copias para investigar a miembros de la Armada Nacional y del Ejército, luego de que un testigo asegurara que se había pactado entregarles hasta el 25% del botín si colaboraban en el operativo.
Hoy, cinco años después, el paradero de el Enano sigue siendo desconocido. Tampoco se ha encontrado rastro alguno de la presunta caleta. Lo que sí permanece es el eco de una historia que parece salida de una película de ficción, pero que expone la fragilidad institucional y la corrupción que pueden brotar incluso en medio de las estructuras encargadas de hacer cumplir la ley.
El caso de la “guaca de las Farc” continúa bajo investigación, no solo por el fraude cometido, sino por las sospechas de que más funcionarios podrían haber estado involucrados en el intento por apropiarse de un tesoro perdido en la selva. Un botín que nunca apareció, pero que dejó a su paso un reguero de muertes, sanciones y la sombra eterna del escándalo.
