Las cifras de víctimas del conflicto armado durante el 2025 en Colombia continúan en aumento, alcanzando niveles alarmantes. De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), entre enero y agosto de este año aproximadamente 1,4 millones de personas han sido víctimas de distintos hechos asociados a la violencia, entre ellos desplazamiento forzado masivo, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, extorsión, reclutamiento y uso de artefactos explosivos.
Según el informe, los casos de desplazamiento forzado masivo se han incrementado de manera significativa. En los primeros ocho meses del año se registraron 79.500 personas afectadas, mientras que en todo el 2024 la cifra fue de 52.000 víctimas. De este total, se estima que al menos 11.000 son menores de edad, lo que evidencia el grave impacto del conflicto en comunidades vulnerables, especialmente rurales y étnicas.
En cuanto a restricciones a la movilidad, la OCHA informó que más de 122.000 personas han visto limitado su desplazamiento, mientras que 137.600 personas han sufrido situaciones de confinamiento, cifras que prácticamente igualan el total reportado en el año anterior. Este panorama, según el organismo internacional, refleja una persistente crisis humanitaria que afecta principalmente a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que viven en zonas donde operan grupos armados ilegales.
De igual manera, el organismo advirtió sobre el preocupante incremento en el uso de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonales, que han afectado a 31.593 personas en lo corrido del año, representando un aumento del 57% con respecto a 2024. Este tipo de acciones violentas no solo causan muertes y lesiones graves, sino que también impiden el retorno de familias desplazadas y dificultan las labores humanitarias en las regiones afectadas.
Actualmente, los departamentos más golpeados por el recrudecimiento de la violencia son Chocó, Cauca, Guaviare y Norte de Santander, los cuales concentran el 84% de los casos registrados. Las confrontaciones entre grupos armados ilegales por el control territorial y de economías ilícitas siguen siendo el principal detonante de estas emergencias.
Recientemente, la Defensoría del Pueblo emitió una nueva alerta temprana en el departamento de Arauca, ante los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas FARC, mientras que en Antioquia tres municipios permanecen en alerta preventiva por el aumento de hostilidades.
La ONU hizo un llamado urgente al Estado colombiano y a las autoridades locales para fortalecer la presencia institucional, garantizar la protección de las comunidades y facilitar la atención humanitaria oportuna a las víctimas. La entidad subrayó que, de mantenerse esta tendencia, 2025 podría cerrar como uno de los años más críticos de la última década en materia de afectaciones humanitarias relacionadas con el conflicto armado.
