La denominada «fiebre del oro» en el sur del Tolima ha alcanzado niveles preocupantes. Según confirmaron las autoridades ambientales y locales, la minería ilegal se ha infiltrado en predios con títulos legales, aprovechando la débil presencia estatal y la falta de control en zonas rurales. Detrás de esta actividad ilícita estarían grupos armados al margen de la ley, entre ellos las disidencias de las Farc, que se benefician económicamente del negocio.
La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), Olga Lucía Alfonso, advirtió que la situación se ha agravado durante los últimos meses. “Hemos recibido múltiples denuncias de usuarios legales de la corporación que reportan invasiones a sus predios para extraer oro sin permisos ambientales ni títulos válidos”, explicó. Los municipios más afectados son Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco, zonas donde la minería ilegal ha crecido aceleradamente y ha generado graves impactos ambientales y sociales.
Alfonso precisó que los “usuarios legales” han tenido que solicitar amparos administrativos para proteger sus derechos, una figura jurídica que permite reclamar la intervención del Estado frente a la ocupación de áreas legalmente tituladas. Sin embargo, la funcionaria reconoció que el problema desborda las competencias regionales. “Se requiere no solo el concurso de las autoridades locales, sino también de las nacionales, porque los grupos detrás de esta actividad tienen gran capacidad operativa y económica”, enfatizó.
En los últimos seis meses, Cortolima y la Policía han adelantado cuatro operativos de control contra la minería ilegal en Ataco. No obstante, la magnitud del fenómeno y la resistencia de las comunidades han complicado las acciones. “Hemos encontrado retroexcavadoras y maquinaria pesada que deteriora gravemente el suelo y las fuentes hídricas. En algunos casos, las mismas comunidades impiden nuestra intervención. En una ocasión, luego de meses de preparación, un operativo fue frustrado por una asonada de más de 500 personas que bloquearon el ingreso de las autoridades”, relató la directora.
Los informes técnicos de Cortolima advierten que las afectaciones ambientales son “enormes” y, en algunos casos, irreparables, especialmente sobre los afluentes del río Saldaña, donde la contaminación por sedimentos y mercurio amenaza tanto los ecosistemas como la salud de las comunidades ribereñas. “Estamos frente a un daño ecológico que compromete el equilibrio de la fauna, la flora y los recursos hídricos del departamento”, sostuvo Alfonso.
La entidad también alertó que detrás de la minería ilegal se encuentran estructuras armadas organizadas. “Por eso hemos solicitado al Gobierno Nacional la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el sur del Tolima, con participación de las Fuerzas Armadas y las autoridades ambientales, para tratar de manera integral esta problemática”, señaló.
De hecho, a comienzos de octubre, la Policía Nacional destruyó maquinaria avaluada en 2.000 millones de pesos en zona rural de Ataco. El equipo, según la investigación, pertenecía al Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, que habría estado extrayendo hasta 2.000 gramos de oro mensuales, generando ganancias cercanas a 1.000 millones de pesos.
El informe de Cortolima concluye que la expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima no solo amenaza los recursos naturales, sino que financia economías criminales y profundiza la inseguridad en territorios históricamente golpeados por el conflicto armado.
