El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, presentó un proyecto de acuerdo con el que busca que el transporte público masivo sea declarado un servicio público esencial, una medida que obligaría a las autoridades distritales a garantizar su operación continua incluso durante bloqueos o manifestaciones violentas.
De acuerdo con Quintero, la propuesta surge como respuesta al creciente número de disturbios y cierres de vías que, según él, han paralizado en múltiples ocasiones la movilidad de millones de bogotanos que dependen a diario de TransMilenio y del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
“Bogotá no puede seguir detenida por falsas manifestaciones pacíficas. La autoridad debe actuar de inmediato, levantar los bloqueos, judicializar a los responsables y proteger el derecho de los ciudadanos a moverse libremente”, declaró el concejal.
Las cifras presentadas por Quintero muestran la magnitud del problema: en lo que va de 2025 se han registrado 751 protestas y contingencias, más de 300 más que el año anterior, afectando a 14,5 millones de usuarios. Además, entre 2020 y abril de 2023 los daños vandálicos al sistema habrían representado pérdidas superiores a 17.000 millones de pesos, mientras que este año ya se han vandalizado 259 buses, con un costo adicional estimado de 12.638 millones por validaciones no realizadas.
“El costo más alto no es económico, sino social: clases suspendidas, personas que llegan tarde al trabajo y empleos en riesgo”, subrayó el cabildante, quien fundamentó su propuesta en la Constitución Política y en la Ley 336 de 1996, que reconocen el transporte público como un servicio esencial para el ejercicio de derechos fundamentales como la movilidad, el trabajo y la educación.
Quintero también recordó casos previos que sirven como referencia, como la huelga de pilotos de Avianca en 2017, que fue declarada ilegal por afectar un servicio esencial, y la condena a “Epa Colombia” por vandalizar estaciones de TransMilenio en 2019.
“El diálogo debe ser siempre el primer camino”, afirmó, “pero cuando la violencia reemplaza a la palabra, la autoridad no puede quedarse inmóvil”.
El proyecto será radicado oficialmente ante el Concejo de Bogotá en los próximos días, donde se espera que genere debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la obligación del Estado de garantizar la movilidad ciudadana.
