En una decisión considerada histórica, el Consejo de Estado exhortó al Ministerio de Defensa a interponer una demanda de repetición contra los antiguos mandos del M-19 o contra la organización como colectivo, con el fin de que respondan económicamente por la muerte del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Jorge Alberto Echeverry Correa, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.
El alto tribunal determinó que la Nación deberá indemnizar a los familiares del magistrado, pero también dejó en firme la necesidad de que los responsables directos e indirectos del ataque asuman su parte de la reparación. Según el fallo, el M-19, como grupo subversivo, contribuyó causalmente a la muerte del funcionario judicial, y por tanto sus mandos deben responder por el daño ocasionado.
“El Tribunal exhorta al Ministerio de Defensa a repetir en contra del M-19 como organización o colectivo, y contra sus autores por responsabilidad de mando y/o los directos perpetradores, en la proporción en que contribuyeron a producir el daño”, señala la decisión.
“Una afrenta al Estado de derecho”
El Consejo de Estado fue enfático al rechazar cualquier intento de presentar la toma del Palacio de Justicia como una gesta política o un acto de rebeldía. En la sentencia, los magistrados calificaron la acción del M-19 como un “acto terrorista”, y la describieron como “la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República”, al representar una amenaza directa contra la institucionalidad democrática y la majestad de la justicia, pilares fundamentales de la Nación.
Responsabilidad del Estado por omisión y exceso
El fallo, emitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado, también analizó el papel de la Fuerza Pública durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985. El Tribunal concluyó que hubo omisiones en la protección de los magistrados y del personal del Palacio de Justicia, así como excesos en el operativo militar de retoma, lo que contribuyó a agravar la tragedia.
Con esta sentencia, el Consejo de Estado busca no solo reparar a las víctimas, sino también establecer una responsabilidad compartida entre el Estado y los antiguos miembros del M-19, en uno de los episodios más dolorosos y simbólicos de la historia reciente de Colombia.
