El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha puesto la mira en los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras descubrir una presunta red internacional de lavado de dinero vinculada a su entorno familiar y a colaboradores del régimen.
Maduro, quien tiene cuatro hijos, solo cuenta con uno biológico: Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolasito, nacido en 1990. Él ha ocupado puestos clave dentro del gobierno venezolano y es fruto del matrimonio del mandatario con Adriana Guerra Angulo, del que se separó después de seis años. Además, el presidente ejerce de padrastro de tres hijos —Walter Jacob, Yoswal y Yosser— de su actual esposa y primera dama, Cilia Flores, una de las figuras más influyentes en la estructura política del chavismo.
La investigación del FBI, iniciada en 2019, ha revelado que los empresarios Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal serían los responsables de abrir cuentas bancarias en Estados Unidos para canalizar fondos pertenecientes a dos de los hijos de Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos. De acuerdo con el informe citado por el medio SWI, la red habría recibido transferencias desde empresas y particulares en Venezuela, extendiéndose a varios países de la región.
Según las autoridades estadounidenses, en 2022 los implicados movieron al menos 100.000 dólares en nombre de funcionarios del régimen, eludiendo las sanciones impuestas al gobierno de Maduro. De esa suma, unos 25.000 dólares lograron ingresar al sistema financiero estadounidense, hecho que el FBI considera una violación directa de las restricciones económicas.
El director del FBI, Kash Patel, fue contundente al referirse al mandatario venezolano, al que calificó como un “dictador narcoterrorista”. En su cuenta oficial de X, aseguró que la agencia continuará bloqueando fondos, cerrando cuentas y procesando a quienes faciliten operaciones financieras ilegales relacionadas con el chavismo. “Estados Unidos jamás será refugio para el dinero ensangrentado de Maduro”, escribió el funcionario.
Patel también recordó que el Departamento de Justicia mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, quien enfrenta múltiples acusaciones por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.
En cuanto a los acusados, se sabe que Komarczyk permanece en Venezuela, mientras que Carbajal fue detenido a inicios de octubre durante una escala en territorio estadounidense.
El caso incrementa la tensión entre Caracas y Washington, dos gobiernos que mantienen ruptas relaciones diplomáticas. Para Estados Unidos, este episodio refuerza su estrategia de presión económica y judicial contra el régimen, mientras que para el entorno de Maduro se trata de una nueva ofensiva política que, según todo indica, aún está lejos de concluir.
