El líder social y reconocido defensor de derechos humanos Nilson Andrés de Arco Salcedo falleció tras permanecer hospitalizado desde el pasado 20 de julio, día en que fue víctima de un ataque a bala mientras participaba en actividades comunitarias. Su muerte eleva a 170 el número de activistas asesinados en Colombia durante el 2025, una cifra que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia contra quienes trabajan en la defensa de los territorios y los derechos ciudadanos.
De Arco, integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, era ampliamente respetado por su experiencia en procesos de acompañamiento comunitario y en labores de protección de poblaciones vulnerables. Su labor se había convertido en un referente en la región Caribe, donde impulsaba proyectos de organización social y visibilización de problemáticas locales.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el ataque ocurrió en el municipio de Soledad, Atlántico, mientras el líder se encontraba en un espacio comunitario realizando actividades propias de su labor social. Testigos señalaron que un hombre descendió de una motocicleta, se acercó directamente a De Arco y abrió fuego contra él, dejándolo gravemente herido.
Tras el atentado, fue trasladado de inmediato a una clínica privada, donde permaneció en estado crítico durante varias semanas hasta que, finalmente, se confirmó su muerte en la jornada del día de ayer.
Indepaz también recordó que en la zona donde ocurrió el ataque operan estructuras del Clan del Golfo, considerado el grupo criminal más poderoso del país. Esta organización —también llamada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredera de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— mantiene presencia activa en distintos municipios del Caribe, donde se han registrado múltiples hechos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La muerte de Nilson Andrés de Arco se suma a una serie de asesinatos que continúan golpeando a las comunidades y organizaciones sociales del país, que exigen garantías reales de protección frente al avance de grupos armados y estructuras ilegales.
