Las autoridades de Guatemala desmontaron una estructura metálica de dos pisos que pandilleros habían construido dentro de una prisión en Ciudad de Guatemala para mejorar sus condiciones de vida. El operativo se realizó en el Centro de Restauración Constitucional, conocido como “Pavoncito”, una cárcel destinada principalmente a miembros de la Mara Salvatrucha, organización que Estados Unidos declaró grupo terrorista a comienzos de este año.
La construcción, erigida sin autorización en un área anexa del penal, fue descubierta durante una requisa en búsqueda de armas, drogas y otros elementos prohibidos. El hallazgo sorprendió a las autoridades debido al nivel de acondicionamiento: el espacio contaba con techo de zinc, paredes en tablaroca y aislamiento térmico, lo que habría permitido a los reclusos vivir con mayor comodidad en comparación con el resto de la población carcelaria.
El Sistema Penitenciario informó mediante un comunicado que, tras identificar la estructura, se presentaron denuncias para abrir una investigación formal y determinar quiénes permitieron, ordenaron o participaron en su construcción. Durante la intervención también se verificó la identidad de los internos recluidos en ese módulo para descartar suplantaciones o movimientos irregulares.
Este operativo se da apenas semanas después de la fuga de 20 integrantes del Barrio 18 —otra pandilla catalogada como terrorista— quienes escaparon de una cárcel cercana el 12 de octubre. El episodio generó una fuerte crisis en la seguridad penitenciaria y terminó provocando cambios en la cúpula del Ministerio de Gobernación. Ambas pandillas, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, mantienen una rivalidad mortal que ha dejado numerosos asesinatos y episodios de violencia en Guatemala.
La situación dentro de las prisiones refleja ese conflicto. En julio, un ataque armado contra una funeraria donde velaban a un miembro de una de estas organizaciones dejó siete fallecidos y más de diez heridos. Tras ese hecho, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ordenó trasladar a diez cabecillas de ambas estructuras criminales a una cárcel de máxima seguridad. Aquella decisión desencadenó motines y, según se sospecha, influyó en la posterior fuga de los reclusos.
