El presidente Gustavo Petro anunció el incremento del salario mínimo para el año 2026, decisión que, según explicó, busca garantizar un ingreso vital para los trabajadores, “democratizar la riqueza” y fortalecer el presupuesto y el empleo de las familias colombianas. El mandatario insistió en que la medida no afecta los ingresos de terceros y afirmó que “no le estamos quitando un peso a nadie”.
El aumento decretado fue del 23,7 %, lo que fija el salario mínimo en $1.750.905 pesos. Con el auxilio de transporte, establecido en $249.095, el ingreso mensual total quedó en $2.000.000 pesos. De esta manera, el salario mínimo pasó de $1.423.500 en 2025 (o $1.623.500 con subsidio de transporte) al nuevo monto definido por el Gobierno Nacional.
No obstante, el anuncio generó fuertes reacciones en el sector productivo, cuyos voceros advirtieron que el incremento podría provocar el cierre de miles de empresas, la reducción de nóminas y una posible recesión económica derivada de una escalada en los costos.
Previo a la alocución oficial, el presidente Petro se adelantó a las críticas y aseguró que un mayor salario mínimo no genera desempleo. “Entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”, afirmó. Además, sostuvo que el Gobierno no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial a los precios al consumidor y aseguró que las ganancias deberán provenir de mayores ventas y productividad.
Horas antes del anuncio, el jefe de Estado también defendió la política salarial a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que durante su Gobierno la informalidad laboral ha disminuido frente a la administración anterior, contradiciendo las advertencias de varios analistas. Estas declaraciones se dieron en respuesta al exalcalde Enrique Peñalosa, quien había señalado un supuesto aumento de la informalidad.
Cabe recordar que el pasado 15 de diciembre no se logró un acuerdo en la mesa de concertación salarial entre empresarios y trabajadores, lo que llevó al Gobierno a decretar el aumento. En esa jornada, los gremios de la producción mantuvieron su propuesta del 7,21 %, mientras que las centrales obreras no bajaron su exigencia del 16 %, al no recibir una nueva oferta de dos dígitos por parte del sector privado.
Tras conocerse oficialmente la cifra, distintos gremios, empresarios y dirigentes políticos expresaron su rechazo. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, calificó el incremento como “irresponsable y populista de cara a las elecciones de 2026” y aseguró que la mesa de concertación fue “una farsa”, tal como —según dijo— lo habían anticipado.
