La Alta Consejera de Paz y Posconflicto del Distrito de Santa Marta advirtió sobre la ampliación de la presencia de estructuras armadas ilegales en zonas urbanas y rurales, y sostuvo que la situación de orden público requiere respuestas inmediatas del nivel central. Señaló que la administración distrital ha remitido informes técnicos y alertas institucionales a diferentes autoridades nacionales, con el fin de activar medidas de contención y protección a la población civil.
La funcionaria aseguró que el gobierno local, encabezado por el alcalde Carlos Pinedo Cuello, ha realizado reportes formales y solicitudes de intervención desde hace varios meses. Según explicó, los documentos incluyen análisis de riesgo, caracterización de conductas delictivas y reportes de afectaciones a comunidades en sectores con influencia de grupos ilegales.
Indicó que las problemáticas no se limitan a presiones económicas ilegales, sino que abarcan amenazas a líderes comunitarios, restricciones a la movilidad en ciertos territorios y situaciones de desplazamiento. También mencionó riesgos para población joven y comunidades vulnerables, por lo que pidió reforzar la presencia institucional y los programas de prevención.
De acuerdo con la Consejería, se han activado rutas de atención a víctimas y mecanismos de articulación con organismos de seguridad y justicia. No obstante, insistió en que la capacidad local es insuficiente sin decisiones de política pública y apoyo operativo adicional por parte del Gobierno nacional. Añadió que el seguimiento a estas denuncias continúa y que se espera la adopción de medidas coordinadas en el corto plazo.
